Los jóvenes ya no invierten en vivienda. Y no es porque no quieran, sino porque, como se publicaba en este periódico hace unos días, necesitan ahorrar durante más de 14 años para poder pagar la entrada de un piso en León. Ante esta situación, la opción más lógica es pasarse al alquiler compartido, pero los altos precios y la poca oferta generan un mercado tensionado con unos precios asfixiantes.
En este contexto, los menores de 36 años han visto una oportunidad en las futuras viviendas de alquiler ‘cohousing’ (con zonas de trabajo y lavandería compartidas) que tiene previstas construir la Junta de Castilla y León. En concreto, 115 serán para la provincia, 20 para Ponferrada y 95 para la capital. Mientras que el proyecto berciano ya fue licitado a principios de mayo, la contraparte leonesa se llevará a cabo «en breve», según la Administración.
Para acceder a este servicio, en el que el gobierno autonómico ha invertido algo más de 15 millones de euros, los interesados deberán inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León. Un registro que cuenta con 18.289 inscritos según los datos solicitados a la Junta a mediados de febrero. En el caso concreto de León, son 1.661 personas las que han oficializado su interés, convirtiendo a la provincia en la tercera de la Comunidad con mayor cifra de demandantes, solo por detrás de Valladolid (7.629) y Burgos (3.705).
Salamanca (1.457) es la que más se aproxima a los datos leoneses, y la última en llegar a las cuatro cifras. A partir de ahí, Palencia (949), Segovia (656), Soria (652), Ávila (618) y Zamora (508) no llegan ni al millar de demandantes. Existe un apartado más en el registro considerado ‘sin provincia’ (454) que, según explican desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, «son aquellas correspondientes a solicitantes que han señalado municipios de diferentes provincias como ámbito territorial en el que desean acceder a una vivienda».
La inscripción se puede llevar a cabo de manera electrónica desde el ordenador o de forma presencial en los registros de la Administración, donde se deberá entregar un documento disponible en la web de la Junta con los datos personales, el lugar de empadronamiento actual, el tipo de vivienda al que se desea acceder (en propiedad o arrendamiento), el territorio de la Comunidad que se prefiere y las características de la unidad familiar o de conveniencia. En este último apartado, si la persona interesada está casada o tiene pareja de hecho, deberá adjuntar además otro documento con los datos de los demás miembros (mujer, marido, hijos, etc.) así como las rentas recibidas en el último ejercicio de todos los convivientes. En caso contrario, y habiendo hecho la declaración de la renta en el año del registro, solo deberá autorizarse el tratamiento de datos personales por parte de la Administración y esta será la encargada de recopilar toda la información necesaria automáticamente. Cabe destacar que este documento tiene una vigencia de tres años, pero cuando se aproxime el plazo de vencimiento se enviará una notificación en caso de que se desee renovarlo.
Los datos que manejan en la Consejería en relación respecto al número de viviendas públicas adjudicadas en la provincia de León ascienden a 638 pisos protegidos, de los cuales 550 se encuentran en régimen de compraventa y 88 están destinados al alquiler. Y justamente en este apartado, el del alquiler, es donde esperan aumentar en mayor medida las opciones disponibles. Para esta legislatura, la Junta prevé añadir a su parque inmobiliario de renta 189 espacios nuevos distribuidos en los 115 pisos ‘cohousing’ anteriormente citados; la rehabilitación de 38 antiguas casas de camineros (10 en Astorga y 28 en Valencia de Don Juan) por cinco millones de euros; y las 36 viviendas de la provincia incluidas dentro del programa ‘Rehabitare’, un plan con el objetivo de «fijar población» en el medio rural a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal y donde el Ejecutivo autonómico invierte 2,8 millones en la provincia.
A esta previsión hay que sumarle, además, los 84 pisos de zonas rurales que adjudica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) con un descuento del 20% para jóvenes menores de 36 años. En total, la Junta planea ampliar en 273 viviendas de protección pública con un desembolso de 34 millones de euros.
Se espera que todas estas medidas ayuden a rebajar la tensión del mercado inmobiliario para los jóvenes, especialmente con la construcción de las 115 viviendas ‘cohousing’. Unos pisos ideados para dar mayor importancia a los espacios comunes, con zonas de calles, plazas y jardines dentro de la urbanización, así como salas de ‘coworking’ (lugares para trabajar). Tendrán una superficie útil de entre 60 y 65 metros cuadrados (dos dormitorios, dos baños, salón y cocina), máquinas ‘vending’ y aparcamiento para bicicletas, entre otras características. Una solución para aquellos jóvenes con salarios inferiores a los 3.000 euros mensuales.