El alcalde comenzó recuperando los acontecimientos que dieron origen a esta situación, no sin antes afirmar que «se está buscando un linchamiento personal hacía mi persona y un daño personal en todos los aspectos, y esto ya está puesto en mano de mis abogados». Asimismo, Llamas afirmó que tanto él como los concejales del Ayuntamiento «desconocíamos todo lo que hemos ido conociendo después de la Enredadera. El día 3 de este mes se personó la comisión judicial para pedir acceso a expedientes de contrataciones».
En este punto continuó relatando los hechos el secretario municipal, que agregó que llegaron buscando expedientes relativos a la Mancomunidad del Órbigo, y más concretamente con el servicio de recogida de residuos, que según el propio secretario, «afecta a los ayuntamientos de Benavides, Santa Marina y Villares, ya que Villarejo tiene servicio propio y Hospital tiene otra empresa contratada». Asimismo, también relató que se pidieron expedientes de obras a la empresa Agema o de alguna otra de las que están investigadas. En este caso «son dos obras con Agema, la aprobada en septiembre de 2016, reforma de las antiguas escuelas, por valor de 75.054 euros, y la de la reforma del parque de la Constitución de diciembre del mismo año, por valor de 99.611 euros».
En lo que concierne a la mancomunidad, Llamas matizó que «nosotros nos abstuvimos de intervenir en ningún trámite, ya que no tenemos ese servicio. Por eso entendemos aún menos esta situación». Cree que es una «persecución», puesto que, sostiene, «Agema tenía contratos con muchos ayuntamientos, pero nos tocó la mala lotería. A día de hoy los abogados no han podido trasladar ningún argumento que permita entender esta situación, pero estamos tranquilos porque la gestión se ha hecho de forma legal y transparente, y los informes de los técnicos son positivos. No obstante será el juez quien decida sobre la inocencia o culpabilidad de los que estamos investigados», para los que –en el caso de los militantes socialistas–, mantuvo, no se ha utilizado la misma vara de medir.
En lo que concierne a su situación política, que catalogó de «indefensión y de presunción no de inocencia, sino de culpabilidad», Llamas manifestó que la única comunicación recibida del PSOE «es la resolución por la que se le abre un expediente con la suspensión cautelar de militancia». Matizó tener que seguir pagando las cuotas del partido y que este expediente, recalcó, «no implica la renuncia de los cargos orgánicos». Aseguró que hasta la fecha no ha recibido ningún documento que le pida las actas y que «los que quieren dar el expediente por resuelto patinan, porque está en suspenso».
El PP pide la dimisión
El portavoz del PP municipal, Toribio González, indicó que, en lo personal, «esperamos que al final todo quede en agua de borrajas. La situación es dura y no se la deseo a nadie», pero añadió que «en estos casos las medidas a tomar son la petición de dimisión de la persona investigada, en este caso del alcalde, de este cargo que ostenta, o si no convocar un Pleno para llevar a cabo una moción de confianza, porque esto nos ha generado un mar de dudas». El regidor aseguró que no dimitirá. «No voy a tomar ninguna decisión o acción que pueda dar a entender que hay algo que ocultar. No voy a renunciar a ser alcalde ni diputado porque no soy culpable de nada», incidió. En lo que respecta a la petición de una moción de confianza, la ve «improcedente, porque siempre hemos mostrado unidad y la volveremos a mostrar en las votaciones del próximo pleno, en el que se van tratar asuntos importantes». También trasladó que los concejales que le acompañan en el gobierno recibieron presiones para «aislarme, pero seguimos formando todos parte de la agrupación socialista».Llamas concluyó agradeciendo el «apoyo de los vecinos», así como recalcando su «compromiso» con la provincia, con el Partido Judicial, con el Órbigo y con el Ayuntamiento.