"La aplicación estricta de las Normas Urbanísticas Provinciales por parte de la Diputación de León está frenando la construcción y las iniciativas en los pueblos leoneses". Así lo denunció este martes el diputado provincial Matías Llorente (UPL), que lamentó que la institución provincial lastre el desarrollo del mundo rural con unas normas que datan de hace más de dos décadas y que provocan que a muchos vecinos se les quiten las ganas de vivir en los pueblos.
La normativa vigente está frenando la construcción, las iniciativas y el desarrollo de nuestros pueblos, denuncia Llorente «Qué triste es que las normas urbanísticas de esta Diputación contribuyan a la despoblación rural», criticó Llorente, que anunció que ha registrado una moción en el Palacio de los Guzmanes para exigir una comisión especial que modernice y actualice la normativa vigente.
«Es muy probable que cerca del 50% de las localidades existentes en la actualidad en la provincia se queden despobladas en un horizonte no superior a diez años», recoge dicha moción, que hace hincapié en que los núcleos urbanos leoneses se están despoblando «a marchas forzadas».
Llorente reconoce que la aplicación de las normas urbanísticas provinciales «no son la única causa» de la sangría poblacional, pero hace hincapié en que son demasiadas las trabas administrativas que se encuentran los vecinos del medio rural a la hora de llevar a cabo alguna obra en sus terrenos o viviendas. «Nos enfrentamos a todo tipo de impedimentos administrativos, incluidos informes demoledores y restrictivos por parte de la Diputación y la Junta, imposibilitando la realización de una construcción que daría sentido a una inversión en la localidad y contribuiría claramente al asentamiento de la población».
"Llevo meses esperando"
Durante su comparecencia de este martes en la sede de UPL, el veterano diputado recordó que lleva «meses» esperando la respuesta del equipo de gobierno, a quienes ha preguntado sobre este asunto «en al menos dos plenos».
El leonesista considera que el SAM sigue sin funcionar: "Miran las normas al pie de la letra, informan en negativo y así es imposible"Llorente recordó que los pequeños municipios no tienen capacidad económica para disponer de unas normas urbanísticas propias, que costarían «entre 40.000 y 50.000 euros».
Por este motivo, los pueblos recurren a los trabajos de los funcionarios del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), de cuyo funcionamiento –que ha provocado numerosos problemas y críticas en la casa en los últimos años– continúa dudando el diputado de UPL. «Los técnicos se la cogen con papel de fumar, miran la normativa con retraso, se la toman al pie de la letra, informan en negativo y así es imposible...», dijo Llorente, que reconoce que son muchas las localidades que recurren a los servicios de empresas privadas para recibir ese asesoramiento.
«Los informes del SAM no son vinculantes, pero muchos ayuntamientos se niegan a dar licencias sin ellos, impidiendo y retrasando obras a veces muy necesarias», relató el diputado, que urge al equipo de gobierno (PP) que contribuya a acelerar ese proceso con la puesta en marcha de una comisión que modernice la normativa vigente.
«La moción irá ahora a la junta de portavoces y espero contar con el apoyo de todos los grupos», señala Llorente, que advierte que si el partido mayoritario –PP– no apoya su moción ésta no llegará al pleno de marzo». «Siempre pierden las minorías», dijo.