De esta forma, el "aguinaldo" para las arcas públicas será un 7,2% inferior, como consecuencia del incremento del mínimo exento hasta los 20.000 euros, desde los 10.000 euros a los que aumentó a partir del 5 de julio del pasado año.
En este sentido, Gestha pide al Gobierno en funciones que apruebe un real decreto ley para incluir, entre las prórrogas para 2020 del Impuesto de Patrimonio y de los límites de la estimación objetiva de los empresarios en módulos, la del mínimo exento de 20.000 euros de los premios de Loterías, ONCE y Cruz Roja, con lo que se evitaría que se duplique hasta los 40.000 euros y que la mayoría de los premios queden exentos.
El próximo domingo 22 de diciembre se repartirán 2.380 millones de euros en premios, siempre que se vendan todos los décimos agraciados, de forma que el fisco ganará unos 517.000 euros cada día por la retención del gravamen sobre los números premiados y cantados por los niños del colegio San Ildefonso. Esta cantidad se elevaría hasta los 1.090.239 euros diarios si se añadieran las retenciones sobre los premios de todos los sorteos que se celebran a lo largo del año.
De cara al de Navidad, los técnicos recuerdan que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 20.000 euros, los premiados de las tres primeras categorías obtienen 2.000 euros más al décimo respecto al pasado año, al igual que los de la cuarta categoría que ya no soportan el gravamen.
Los premios tras el nuevo mínimo exento
Por consiguiente, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, ganarán 324.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 76.000 euros restantes. En esta línea, los agraciados con el segundo premio (125.000 euros por décimo) entregarán 21.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo) se les descontarán 6.000 euros. Los dos cuartos premios (20.000 euros cada uno) ya no tendrán el gravamen de 2.000 euros del pasado año.En cualquier caso, Hacienda recaudará tras este sorteo en torno al 30% de lo que ingresa cada año por las retenciones que efectúa en los premios de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, desde donde se realiza directamente la retención en el momento del cobro, por lo que los afortunados recibirán el importe con el impuesto ya descontado.
De ahí que, por otra parte, los premios no tengan ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo tendrán que añadir en su Declaración de la Renta los posibles rendimientos que el dinero conseguido les pudiera generar, como los intereses bancarios.
De cualquier forma, Gestha aclara que a los premiados no les afectará a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro. Sin embargo, sí hay que tenerlo en cuenta a efectos del Impuesto sobre Patrimonio.
Investigar el aumento de sociedades y entidades premiadas
A raíz de que en 2017 se disparase el cobro de premios por las empresas, Gestha pide modificar la ley del Impuesto sobre Sociedades para que los premios de loterías que ganen las personas jurídicas al integrarlo en la base imponible tengan una tributación mínima, igual que los de los particulares (el 20% del exceso que supera el mínimo exento), para evitar que las empresas en pérdidas no tributen por estos premios y obtengan la devolución de la retención.
Según Gestha, si continúa el ritmo seguido hasta octubre de este año, calcula que se devengarán unos 22 millones por el gravamen de premios obtenidos por las empresas, superando fácilmente el 6% de los mayores premios de todos los sorteos del año. Así, las entidades jurídicas habrán ganado 127 millones en 2019 en unos 16.000 premios de Loterías de más de 20.000 euros cada uno, según estima el sindicato, que no ve "justificación" al respecto.
De hecho, los técnicos piden a la AEAT que abra un programa de investigación a las fundaciones, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro que acumulan el 93,5% de los premios obtenidos por las personas jurídicas.
En este marco, los técnicos reconocen que el aumento del mínimo exento resta atractivo a las malas prácticas de quienes desvían el cobro de premios a sus empresas en pérdidas, pero insisten en que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, sino combatir la elusión mediante una "mejor investigación".