Logran la anulación de un deslinde hecho por el Principado de Asturias en territorio leonés

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado una sentencia por la que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Junta Vecinal del Real Concejo de Valdeón contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno del Principado -de fecha 2 de octubre de 2020- que desestimaba el requerimiento de anulación formulado por la entidad local frente a la Resolución de 23 de junio de 2020 por la que se aprobó el deslinde total del Monte de Utilidad Pública (MUP) 81 Carombo, y declara la nulidad de pleno derecho de la misma por ser contrario al ordenamiento jurídico.

El tribunal asturiano reconoce las tesis de la Junta Vecinal de Valdeón -que es cotitular del terreno con los ayuntamientos de Oseja de Sajambre y de Amieva (Asturias)- de que los órganos del Principado de Asturias no pueden deslindar fuera de su comunidad autónoma, aunque inicialmente hayan tenido el monte incluido en su Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Cabe recordar que dentro del Parque Nacional de Picos de Europa hay todavía un tramo de la línea límite entre las provincias entre Asturias y León que tiene carácter provisional, pero eso no obsta para que por ahora cada comunidad tenga su propio territorio, señalan los representantes legales de la entidad local menor leonesa.

Felipe Campo Cuevas, alcalde pedáneo del Real Concejo de Valdeón ha manifestado su “enorme satisfacción por una gran victoria judicial de una pequeña administración pública contra la comunidad autónoma asturiana, porque se ha visto forzada a defender su patrimonio forestal y la legalidad vigente en nuestra provincia, pues el Real Concejo de Valdeón es quien tiene más propiedad en todo el Parque Nacional de Picos de Europa y tiene la obligación de defenderlo, y que esté incluido íntegramente en el Catálogo de Montes de Asturias podría ser un primer paso para perder su titularidad”.

El presidente de la junta vecinal leonesa ha insistido en que todas las administraciones superiores deben apoyar a estas entidades en la defensa y en la gestión de su patrimonio, para que puedan estar representadas en todos los órganos colegiados en los que se decide su futuro.