En este punto incidió el vigilante de primera interior del primer relevo, Carlos Conejo Lombas, que remarcó que nada tienen que ver los niveles del taller con los que registra el metanómetro fijo, cuya función es la de «proteger el motor eléctrico del panzer para evitar que haya una explosión, que se genere un ambiente explosivo», por lo que «el metanómetro que manda en la explotación no es ese, sino el que lleva el vigilante, cuya medición no tiene nada que ver «con lo que hay a 30 metros». En esta línea subrayó que los trabajadores «no son maderos con ojos, son mineros; si no se dan las condiciones de seguridad no van a trabajar. Ellos son los más reivindicativos», dijo. De esta manera quiso dejar claro que no hubo ninguna queja. «Los trabajos que se encomendaron se hicieron y si manda a gente a un taller y lo que se les pide se hace es porque se puede. No es un trabajo de cinco minutos, son muchas labores que duran varias horas y si todos los días eso se hace en todos los relevos yo veo que ahí se trabaja normal. Si por el contrario yo viera que durante varios días no se pueden hacer las cosas es cuando diría, hostia, ¿aquí qué pasa?», dijo. A esto añadió que ningún registro mandaba ninguna señal de alerta.
En primera persona
Conejo Lombas ofreció también su testimonio en primera persona del accidente, teniendo en cuenta que él mismo entró a por tres de los fallecidos y ayudó a salir a uno de los heridos tras la parada de los ventiladores, no por gas, insistió, sino por el fallo eléctrico que había habido en las cintas de La Robla. Conejo Lombas subrayó que él mismo arrancó las turbinas de la zona del siniestro y cuando se dirigía a las labores del macizo 9 fue cuando oyó el sonido de un desprendimiento instantáneo por el bufido, «cantidad» de gas y «porque entré en el taller y estaba intacto», por lo que descartó que el origen del accidente fuera una caída de la bóveda que habría dejado señales evidentes, en su opinión, y además «el taller estuvo dos años allí igual», intacto, para quien quisiera estudiarlo.«Tiré a la cabeza del pozo 7», porque pensó que por proximidad solo podía ser ahí y se encontró con la «operación de rescate, si se puede llamar así», dijo. Había personas de la sexta y la séptima planta que advirtió que «lo que hicieron fue rescatarse entre ellos». Él también entró. Sacaron al primer fallecido, después a uno de los heridos y por último a otros dos fallecidos. En total se introdujo en la zona afectada hasta en cuatro ocasiones y utilizó para ello cuatro autorescatadores. Los fallecidos los «portaban», afirmó, pero no los habían activado. De hecho, a preguntas de su letrado consideró incluso que si lo hubieran hecho «el resultado habría sido distinto».
Un vigilante «de continuo»
Por su parte, Gómez Bartolomé, que indicó que en el momento en el que se produjo el accidente estaba en su casa porque entraba por la tarde a trabajar defendió que «se cumplían todas las normas», «a rajatabla», que la comunicación entre los relevos era «fluida» y que además de no haber «detectado nada anormal» los días previos al siniestro, los trabajadores tampoco le dijeron «nada» que le llevara a pensar que tenían algún tipo de miedo. Aseguró también que «por ley» lo que se dice respecto a una mina de la categoría de la que les ocupa es que «debe haber un vigilante de segunda de explotación de continuo y esa prescripción se cumplía». De hecho, el vigilante en el momento en el que se produjo el siniestro falleció allí. Respecto a si considera que un vigilante era una persona suficientemente «cualificada» para tomar la decisión de si se sigue trabajando o no cuando se produce una alteración en los niveles de grisú consideró que «sí». El acusado volvió a hacer referencia a que por norma así se recoge y así se estima suficiente y recordó que el vigilante no es una persona que está «puesta ahí a dedo», sino que «está formada», «tiene más de cinco años de experiencia» y «tiene que pasar un examen teórico y práctico ante la autoridad minera».Los letrados le preguntaron, además, sobre el hecho de que uno de los vigilantes, Manuel Ángel Cañón, señalara que el día 25, el último laborable anterior al del accidente, sobre las 18 horas se produjera un «golpe de techo» que provocara una subida de metano superior al 5 por ciento, un nivel que obligaría a estar fuera del taller. «A mí no me comunicó nada. Él a mí nunca me comunicó nada y no lo dejó registrado en los libros. Ese día pone ‘todo normal’», indicó. Él tuvo conocimiento de esto por otro de los acusados, David Toribio, al que cree que se lo dijo de palabra porque en los libros, en las anotaciones de los libros del vigilante pone, según declaró que «hay mucho gas en la rampa, pero todo normal» y los valores que se anotan son «del 1,2 por ciento». Más allá de las declaraciones de este vigilante subrayó que «no hay reflejo de que ese metano haya subido por encima del cinco y la metanografía no se puede modificar», por lo que entendió incluso que «lo que está mal es lo que ha dicho este señor». Aseguró también que tampoco se abrió ningún autorescatador e insistió en que «lo que hizo el vigilante se lo tendrán que preguntar a él», remarcando, al mismo tiempo, que «su deber» era «comunicar incidentes y escribirlos en el libro».
En la sesión de tarde quienes declararon fueron José Ramón González, vigilante de primera que iba rotando entre el segundo y tercer relevo, Oscar Luis Dopazo, vigilante de primera con el que rotaba González y José Carlos Ulecia Román, ingeniero jefe del departamento de seguridad que negó fallos en la organización, consideró que la brigada de salvamento tenía sus equipos en Santa Lucía porque daba servicio a varias explotaciones y se consideraba el punto «más centralizado» y que todos los trabajadores sabían perfectamente cómo usar un autorescatador. «El cumplimiento de la normativa era estricto», dijo.