Los alcaldes leoneses de Picos piden las indemnizaciones por el fin de la caza

Los alcaldes de los dos municipios leoneses del Parque Nacional de Picos de Europa, Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, reprocharon al PSOE que “cuestione de forma electoralista la actuación seguida por todas las administraciones, incluso las gobernadas por ellos”, en lo referente a las compensaciones por la prohibición de la caza en el territorio. Según Antonio Jaime Mendoza y Tomás Alonso, estas indemnizaciones las recibirán “quienes tienen derecho a ellas”.

Tras la reunión en el Congreso de los Diputados de varios miembros del PSOE y de la asociación de propietarios afectados por el parque nacional (Asape), los regidores reprocharon a los socialistas sus “desquiciadas declaraciones” y manifestaron su “absoluta confianza” en los órganos encargados de la tramitación de las compensaciones, en especial, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

En ese sentido, señalaron que todas las resoluciones en esta materia se han llevado a cabo “con absoluta transparencia y dando cuenta de forma inmediata en los respectivos plenos”, así como coordinándose con las juntas vecinales propietarias de terrenos en la Reserva Regional de Caza. “Tras más de dos años de trabajo se ha conseguido que las administraciones públicas titulares de montes hayan podido cobrar ya una justa compensación”, destacaron.

En la misma línea, los regidores defendieron las indemnizaciones por la pérdida de ingresos que los ayuntamientos han percibido durante todos estos años por los terrenos particulares no agrupados inferiores a 25 hectáreas. Al respecto, recordaron que la norma autonómica atribuye a los ayuntamientos los permisos de caza en estos terrenos y destacaron que “el cobro por los ayuntamientos beneficia a todos los vecinos de los municipios, sean propietarios o no”.

Igualmente, Mendoza y Alonso señalaron que los alcaldes socialistas de pasados mandatos cobraron estas indemnizaciones “sin ningún reparo, ni jurídico ni político” y subrayaron que durante todos estos años nadie ha impugnado el cobro por parte de los Ayuntamientos. “Será una decisión estrictamente jurídica la que establezca quién debe cobrar ese dinero y no una mera actuación política, propagandística, populista y electoral la que decida si el dinero lo debe cobrar una administración pública o una asociación privada que representa a un porcentaje ínfimo de los propietarios”, concluyeron.