El departamento que dirige Antonio Silván impulsa desde hace décadas la ordenación urbanística en Castilla y León, donde el 91 por ciento de la población reside en municipios que se han dotado de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o Norma Urbanística Municipal. La regulación de los usos y actividades a través de estos instrumentos legales se ha extendido como una mancha de aceite sobre el territorio de la Comunidad en el último cuarto de siglo.
A principios de los 90, solo el diez por ciento de los ayuntamientos castellanos y leoneses contaba con algún instrumento -PGOU o Norma Urbanística-. Sin embargo, 25 años después la situación ha dado un giro de 180 grados, ya que suponen el 42,3 por ciento, incluyendo los principales, puesto suman 2,27 millones de habitantes. Al cierre de 2014, los municipios con su espacio ordenado ya alcanzaban los 952, con un superficie de 52.103 kilómetros cuadrados, el 55,3 por ciento del total.
Según fuentes de la Consejería de Fomento, la estructura territorial de la comunidad ha determinado la planificación urbanística, una tarea que la Junta ha impulsando con asesoramiento, pero también con ayudas para financiar la elaboración de toda la documentación, expedientes que requieren un largo procedimiento para su aprobación por la corporación municipal y su validación por el Gobierno autonómico. El Ejecutivo autonómico ha recuperado este año la partida dedicada a esta materia, que cuenta con medio millón de euros.
Asimismo, Fomento remarcó la “evolución constante” que ha experimentado la comunidad en las últimas décadas hasta lograr que nueve de cada diez habitantes residan en núcleos de población en los que su desarrollo se planifica a largo plazo. La Consejería insiste en que el planeamiento urbanístico es un elemento que da “seguridad jurídica” a las empresas o ciudadanos dispuestos a invertir en el medio rural, no un “freno al desarrollo” de actividades.
Objetivo: municipios medianos
El departamento de Silván recomienda a los municipios intermedios, con 5.000 habitantes, a dotarse de PGOU ya que entiende que se adecua mejor a sus necesidades que las normas urbanísticas municipales, de menor rango. Actualmente, 16 ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora no han dado el paso de redactar y aprobar este tipo de planeamiento, aunque algunos como la población leonesa de La Bañeza -10.595 habitantes- esperan tenerlo listo en los próximos meses.
El alcalde bañezano, José Miguel Palazuelo, informó a Ical que desde hace ocho años trabajan en la aprobación del PGOU, tras recibir la subvención de la Junta, si bien lamentó que el proceso se haya demorado tanto. El Consistorio espera que sea aprobado en breve por la Comisión Territorial de Urbanismo para que el Pleno lo ratifique de forma definitiva. El regidor socialista admitió que será difícil completar este trámite en este mandato. Advirtió de que la falta de este Plan no ha tenido mayores consecuencias gracias a la poca actividad de la construcción por la crisis.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid) está ultimando la documentación para aprobar la próxima semana en Pleno las revisión de las Normas Urbanísticas, después de que las anularan los tribunales. La alcaldesa, Susana Suárez, explicó que han optado por adaptar las existentes, aprobadas en 2008, en lugar de redactor un PGOU. Confió en que antes de que acabe el mandato el municipio, cercano a la capital vallisoletana, disponga de una nueva planificación urbana.
También, el alcalde de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), José Antonio Jiménez, prevé que en verano el municipio de unos 6.600 habitantes cuente con una planificación urbanística actualizada, ya que las normas actuales datan de 1987. Ya está aprobado de forma inicial, a la espera de que la Junta de luz verde al expediente. El regidor 'popular' explicó que en 2005 el Gobierno autonómico les retiró las competencias en esta materia al no contar con un instrumento adecuado a la legislación vigente.
Sin planeamiento
También, otros 58 con más de 500 habitantes no disponen de normas urbanísticas municipales -diez en Ávila, dos en Burgos, 26 en León, uno en Palencia, siete en Salamanca, uno en Valladolid y once en Zamora-. La Junta considera que deben elaborar esta tipo de normas, ya que algunos son núcleos importantes como Vega de Espinareda o Puente de Domingo Flórez, en El Bierzo; Castrocalbón o Valverde de la Virgen (León); Fuenteguinaldo (Salamanca); Pozal de Gallinas (Valladolid); y Castrogonzalo y Fuentelpañeña (Zamora).Fomento entiende que las poblaciones menores de 500 habitantes pueden regular de una forma adecuada la actividad en su territorio con la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) o normas subsidiarias. Por ello, la Comunidad presenta todavía un elevado número de municipios sin planeamiento propio. En la provincia de Ávila estos ayuntamientos representan el 71 por ciento (175); en Burgos, el 52 por ciento (192); en León, el 41 por ciento (87); en Palencia, el 64 por ciento (123); en Salamanca, el 61 por ciento (220); en Segovia, el 50 por ciento (105); en Soria, el 70 por ciento (128); en Valladolid, el 45 por ciento (102); y en Zamora, el 66 por ciento (164).
Normativa
La última revisión del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que la elaboración de los planes generales de ordenación urbana es obligatoria en los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes -las nueve capitales de provincia, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, Laguna de Duero y Medina del Campo-, y las normas urbanísticas municipales en los que tienen 500 o más habitantes, que no cuenten con PGOU.
Por otra parte, la normativa autonómica prevé la elaboración de Normas Urbanísticas de Coordinación en los ámbitos donde sea necesario armonizar las determinaciones del planeamiento urbanístico municipal.