Así lo señaló el procurador del Común, Tomás Quintana, quien explicó que los dos años de pandemia “han afectado de manera importante a la prestación del servicio sanitario”, lo que ha sacado a la luz “las costuras y problemas que tiene”. Por ello, estas jornadas servirán para “recapitular y hacer un acto en el camino para detectar qué es lo que falla en el medio rural” y ver qué propuestas plantear por parte de estos órganos a las administraciones “para intentar mejorar el servicio sanitario en el medio rural y que los ciudadanos que residen en él tengan el acceso a los servicios en los mismos términos que quienes residen en el medio urbano”.
En este sentido, Quintana reconoció que aunque desde que se produjo la crisis sanitaria ha habido “un volumen más amplio de quejas en materia sanitaria”, en realidad se trata de cuestiones que “se repiten desde mucho tiempo antes”, debido a que “la prestación del servicio sanitario es un problema importante y fundamental”.
Respecto a las cuestiones concretas planteadas, el procurador destacó el “un aumento considerable” de quejas relacionadas con “las limitaciones en cuanto a la presencialidad como consecuencia de la crisis sanitaria”, por lo que los defensores del Pueblo abogan por “fundamentar la prestación del servicio sobre la base de la presencialidad física de los sanitarios en el medio rural” que, aunque pueda apoyarse en medios que no requieran dicha presencialidad, “estos sean complementarios a la misma”.
Otro “gran número de quejas” está centrado en las “limitaciones en cuanto a personal”, una cuestión que “lejos de estar solucionada, lamentablemente todo indica que no tenga una fácil solución la cobertura de bajas, jubilaciones e incluso vacaciones”, lo que “genera unas dificultades” que tienen una traducción “negativa para el servicio”, ya que supone que los usuarios tengan que trasladarse a otros lugares.
Para evitarlo, los defensores insistieron en que “se pongan todos” para cubrir los puestos de trabajo y las posibles incidencias mediante fórmulas organizativas que permitan “resolver los problemas de forma inmediata y anticiparse a ellos”.
Procurador del Común
El procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, mostró hoy su “alto grado de satisfacción” debido a que el 85 por ciento de las resoluciones de la institución son objeto de aceptación por la administración autonómica, los municipios o las diputaciones.
Unas resoluciones emitidas ante quejas que “afectan fundamentalmente a la prestación de los grandes servicios públicos como la sanidad o la educación” pero también a la de otros servicios recibidos de forma más inmediata y prestados por lo municipios, como saneamiento, prestación de abastecimiento de agua o iluminación, lo que “pone de manifiesto la limitación que tienen los pequeños municipios para prestar los servicios”.