Los ganaderos podrán exigir a la industria que revise los precios

La situación del sector lácteo es límite desde hace varios meses ante la escalada de los costes de producción: desde la alimentación de los animales a la factura de la luz y los combustibles se han disparado. Esa subida compromete la viabilidad de centenares de explotaciones de vacuno de leche de toda la comunidad, al no verse reflejada en el precio al que venden su producto, que ha registrado un aumento ínfimo en el mejor de los casos.

La Ley de la Cadena Alimentaria, modificada de nuevo el pasado 15 de diciembre, prohíbe específicamente la venta a pérdidas. Pese a ello, las organizaciones agrarias han denunciado en las calles desde finales del año pasado su incumplimiento y el "ahogo" del sector ganadero.

Para hacer frente a una crisis que muchos ganaderos califican como la peor de la historia reciente para el sector, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacó este miércoles a consulta pública la modificación de la normativa que regula los contratos en el sector lácteo y que pretende dar respuesta a las exigencias de renegociar precios con la industria para hacer frente a la subida de los costes de producción.

Los ganaderos podrán solicitar a la industria un nuevo precio cuando lleven más de tres meses con pérdidas El documento se encuentra en proceso de audiencia e información pública y se puede consultar en la página web del Mapa. La iniciativa tiene como objetivo facilitar que los contratos de compra-venta entre la industria y los productores "se ajusten con rapidez a los incrementos en los costes de producción que de manera sostenida se vienen produciendo en los últimos meses". Concretamente, el Ministerio fija en un periodo de tres meses las pérdidas para que los ganaderos puedan solicitar a la industria una nueva oferta de contrato, en caso de que el documento suscrito tenga una duración inicial de un año o más. Según establece esta modificación de la normativa, el comprador estará obligado a presentar una oferta en el plazo máximo de un mes para suscribir un contrato que respete lo previsto en la Ley de la Cadena Alimentaria y que, por lo tanto, establezca un precio superior a los costes de producción. Además, el Mapa contempla la posibilidad de ajustes en los contratos con precios variables para que garanticen que la evolución se acompasa con la realidad del mercado.

En definitiva, aseguran que la pretensión de este proyecto, que por la urgencia derivada de la situación actual estará sometido a información pública durante siete días (hasta el próximo 20 de enero), es asegurar que los costes de producción repercutan de forma "equilibrada" a lo largo de la cadena de valor de la leche y los productos lácteos, sin que produzcan reducciones de márgenes en las granjas que lleguen a poner en peligro su viabilidad, apuntan desde el Ministerio que dirige Luis Planas.

Junto a estas modificaciones para dotar de flexibilidad a los contratos en situaciones de incremento sostenido y continuado de los costes de producción, Agricultura introduce otros aspectos "que pretenden mejorar tanto el poder negociador del productor como las relaciones contractuales establecidas", para lo que se rebajan los umbrales productivos necesarios en la actualidad para constituir organizaciones de productores tanto en el vacuno de leche como en el caprino lácteo.