El total de alquileres acumulados en el año 2018 ascendió en León a 727, por los 502 del 2017. Un crecimiento exponencial que sigue la misma tendencia durante los últimos años: 2014 (35), 2015 (88) y 2016 (257).
Aunque las cifras de León se encuentran a años luz de las grandes urbes españolas, la ciudad se consolida como el segundo municipio que mayor número de alquileres de este tipo mantiene abiertos en Castilla y León con 365 estancias disponibles en Airbnb, web de referencia de los pisos turísticos. Solamente Salamanca (con 645) se encuentra por encima de la capital leonesa, la cual supera ampliamente a Valladolid (220), Burgos (181), Segovia (135) o Ávila (114). Más lejos se encuentran otras capitales de provincia como Zamora (85), Soria (56) o Palencia (14). En el conjunto de España, la ciudad con más anuncios es Barcelona (21.773) seguida de Madrid (18.265).
De los 334 pisos turísticos de la ciudad al cierre de 2018, 228 son viviendas completas, mientras que 95 ofertan alguna habitación privada dentro del inmueble. Las 11 ofertas restantes disponibles en Airbnb, según su plataforma de análisis estadísticos Airdna, son habitaciones compartidas. Al margen de los 365 contabilizados actualmente en este sistema de medición, se calcula que a través de otras páginas webs o formas de alquiler se podría rondar los 500 pisos de este tipo en la ciudad de León.
No obstante, la ocupación de estos pisos todavía tiene un amplio margen de mejora en suelo leonés. El 59 por ciento de los pisos turísticos están reservados solamente entre uno y tres meses al año. Entre el trimestre y el medio año de ocupación se encuentra un 31 por ciento de los inmuebles destinados a este fin. Un nueve por ciento contarían con reservas entre los siete y los nueve meses, mientras que solamente tres de los propietarios de la ciudad cuentan con una ocupación superior a diez meses al año en su vivienda de Airbnb.
En cuanto al precio medio del alquiler turístico para este mes de enero se situaría en los 61 euros de lunes a viernes, ascendiendo hasta los 73 euros para los fines de semana. Respecto al apartado de los arrendadores, 214 propietarios leoneses tienen sus inmuebles, o una parte de ellos, abiertos a ser alquilados por días en Airbnb. Un 77 por ciento de ellos tienen una única vivienda o estancia en la que recibir inquilinos.
Después de la capital leonesa, Ponferrada es quien cuenta con más alquileres de este tipo en la provincia alcanzando los 94 ofertas activas, aunque el 76 por ciento de ellos solo están ocupados entre uno y tres meses al año. Airbnb también registra 30 alquileres en Astorga y diez en San Andrés del Rabanedo.
Más control de la Junta
La Junta de Castilla y León aprobó en 2017 un decreto que pretendía llenar el vacío legal en el que se encontraban las viviendas turísticas que se alquilan estas plataformas. El intento regulador no ha tenido el efecto esperado y el pasado año en el registro oficial en el que se deben inscribir este tipo de alojamientos solo figuraban la cuarta parte de ellos.El incumplimiento del registro está generalizado, ante lo que la administración autonómica lleva cierto tiempo redoblando sus esfuerzos para aumentar la presión inspectora y las sanciones. Cabe recordar, que el decreto 3/2017 prevé sanciones que van desde los 9.000 a los 90.000 euros en función de la gravedad del incumplimiento. Durante los últimos años los expedientes sancionadores de la Junta han sido frecuentes, por cuestiones como publicitar viviendas sin las debidas licencias, difundir información errónea sobre el precio o las prestaciones, no contar con una declaración responsable o incumplir el régimen de cancelación de reservas.
A comienzos de este año, la Junta mostró su intención de endurecer el control sobre los propietarios que operen de forma clandestina y al margen de la ley. Una reunión el 9 de enero en Valladolid con responsables autonómicos, concejales de Turismo de las principales ciudades y portavoces policiales sirvió para establecer una batería de medidas que buscan «desincentivar y frenar la proliferación de la comercialización de viviendas de uso turístico ilegales».
Cambios en la legislación
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Propiedad de León, Miguel Ángel Sánchez Fraile, ha explicado a este periódico que el tema de los pisos turísticos de alquiler no implica para la ciudad, al menos desde el punto de vista del acceso a la vivienda, un problema significativo. «En grandes ciudades, como el propietario obtiene un mayor beneficio con este sistema, se está disparando el precio de los alquileres al uso. Este problema no sucede en León, por la gran cantidad de viviendas vacías en la zona del Casco Histórico que es donde se localizan la mayoría de viviendas ofrecidas a través de Airbnb», apunta el gerente de la Cámara de la Propiedad.Sánchez Fraile sí que reconoce que algunos propietarios se han quejado del determinado uso que hacen algunos de estos inquilinos temporales de sus viviendas y que ha habido «problemas puntuales» en varias comunidades. Tal y como señala el presidente de la Cámara de la Propiedad, la Junta es la encargada de regular los alquileres turísticos y recuerda que los cambios en la legislación del pasado mes de diciembre también han afectado a estos pisos. El primer cambio hace referencia a una «pequeña laguna interpretativa» y excluye de la Ley de Arrendamientos Urbanos a todos los pisos y apartamentos turísticos, no solo a aquellos ofertados a través de plataformas online. La modificación principal de la legislación viene dada porque una comunidad de vecinos, con una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, pueda «limitar o condicionar el ejercicio de esta actividad». «Antes esto no era posible y se puede prohibir el uso como alquiler turístico llegando a poder solicitar en un juzgado el cese de la actividad o pidiendo daños y perjuicios por las molestias ocasionadas. También se podrían incrementar los gastos comunitarios, por el mayor gasto de los elementos comunes», explica el responsable de la Cámara de la Propiedad.
Además, a partir del 1 de enero, Airbnb tiene que compartir con la Agencia Tributaria la información disponible sobre las transacciones de sus anfitriones. Un fin para el que la web ya ha habilitado una herramienta online para declarar de forma rápida y sencilla los datos reclamados, los cuales van desde los ingresos de los anfitriones hasta detalles de sus anuncios como nombres o direcciones.