"Los pliegos de las cafeterías de San Isidro nunca se aprobaron"

La Audiencia Nacional retomó este lunes –con la declaración de nuevos testigos– el juicio por la pieza separada de la Operación Púnica que está vinculada a la Diputación de León. El proceso sienta a seis personas en el banquillo con cargos por malversación, falsedad documental, fraude y tráfico de influencias o cohecho. En este sentido, la fiscalía solicita penas que suman ocho años de prisión para Marcos Martínez Barazón (entonces presidente de la Diputación tras el asesinato de Isabel Carrasco) y siete años para Manuel Jesús López (interventor) y Pedro Vicente Sánchez (coordinador del equipo de gobierno). Mientras, el conseguidor y cerebro de la trama, Alejandro de Pedro, se enfrenta a una solicitud de pena de cinco años y medio de prisión, la misma que José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena y mediador político afín al PSOE. Finalmente, se piden tres años y medio para Guadalupe Caballero, empleada de la empresa Madiva, que habría facturado los trabajos encaminados a la mejora de la reputación digital de Martínez Barazón a través de noticias favorables en periódicos zombies. Y supuestamente lo habría hecho a cambio de unas adjudicaciones ajenas a la legalidad, que no habrían llegado a producirse, a través de la gestión de infraestructuras turísticas en San Isidro.

En la sesión de este lunes destacó la declaración del jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación, Ricardo Martínez, quien aseguró que nunca recibieron propuestas para tramitar contratos de publicidad, puesto que su importe no solía superar los 6.000 euros y no requerían expediente. Por eso, ratificó que nunca ha visto facturas de las empresas Madiva o Eico. Y también negó que se hubiesen tramitado contratos para mejorar la reputación digital y el posicionamiento en buscadores ni de la Diputación, ni de Isabel Carrasco o Marcos Martínez. Además, aseguró que actualmente la publicidad se reparte a través de un plan de medios con criterios objetivos –a raíz de una sentencia judicial– y que el sistema anterior databa de mucho antes de los años que se están enjuiciando en la Audiencia Nacional. Tanto el jefe de Contratación como los demás testigos, vinculados a Gersul y al Instituto Leonés de Cultura, explicaron que los repartos de publicidad dependían del gabinete de prensa y, en última instancia, de presidencia. En este sentido, las defensas trataron de guiar sus interrogatorios para dejar claro que los diarios de Madiva o Eico recibían el mismo trato que el resto de los medios de comunicación.

En cuanto a los pliegos de las cafeterías de San Isidro, el jefe de Contratación confirmó que nunca se llegaron a aprobar. «Recibimos la propuesta de Turismo, agregamos las condiciones administrativo y lo pasamos a Secretaría, que hizo observaciones que corrigieron. Pero antes, llegó una providencia del diputado en la que pedía que la organización de eventos en las cafeterías se valorase en la adjudicación. Los aspectos económicos representarían un 80% y estas cuestiones subjetivas el 20%», explicó Ricardo Martínez antes de considerar que este cambio era «completamente legal» por estar vinculado al objeto del contrato.

En esas modificaciones también se incluyó una ampliación de la duración de la concesión (de seis a nueve meses), pero no se llegaron a introducir las ventajas para el adjudicatario en posteriores licitaciones que habría planteado el entonces presidente de la Diputación. «Me preguntaron y dije que no era legal. Por eso nunca se incorporó», sentenció el jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio antes de reiterar que estos pliegos nunca pasaron de meras propuestas y que finalmente las cafeterías se licitaron mediante un procedimiento abierto en el que no había invitaciones a empresas. «Marcos Martínez nunca condicionó nuestro trabajo», concluyó el funcionario.