Esperan que sea una protesta «masiva», pues cuentan con el respaldo de organizaciones agrarias, partidos políticos, ayuntamientos y juntas vecinales de las zonas afectadas y otras comunidades de regantes de la provincia. Los agricultores cruzarán el Puente de los Leones y continuarán la marcha por Guzmán hacia el paseo de la Condesa, desde donde girarán hacia Gran Vía de San Marcos para llegar hasta La Inmaculada, donde esperan ser recibidos por el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez.
Con él y con el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, se reunieron la semana pasada para mostrar su preocupación por la situación que provoca el desembalse de cara a la próxima campaña y ante la sequía de los últimos meses. «Estamos jugando con el futuro de 100.000 hectáreas de regadío», denunció el presidente de la comunidad de regantes de Los Payuelos, Jorge Álvarez.
En este sentido, piden que se modifique el convenio de La Albufeira, firmado en el año 1998 entre España y Portugal para la administración y uso hídrico de las cinco cuencas hidrográficas que comparten ambos países (Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana) y en virtud del cual la CHD dio la polémica orden de continuar con el desembalse en los dos pantanos leoneses.
Tanto el Porma como Riaño se encontraban a finales de la semana pasada por debajo del 32 por ciento de su capacidad, un volumen significativamente inferior a la media de los últimos diez años por estas fechas, cuando las campañas de riego tocan a su fin.
En este sentido, las comunidades de regantes afirman que ese porcentaje se ha conseguido gracias al «ahorro» que ha provocado la inversión tanto pública como de los propios agricultores en la modernización de los regadíos y supone una garantía para la disponibilidad de agua el año que viene.
En los últimos días el volumen de desembalse de ambos pantanos ha mermado pero los regantes continúan con su protesta criticando la inestabilidad que provocan las decisiones de la CHD y recordando que la situación actual ha variado mucho en comparación con 1998, cuando se firmó el convenio entre España y Portugal.
Partidos políticos como el PP, el PSOE o Ciudadanos han puesto en cuestión la vigencia del pacto de La Albufeira ante la situación actual de cambio climático y sequía.