En ese polémico pleno, en el que el PP votó en contra de la ampliación del contrato (aún no estaba Gregorio Chamorro en las filas populares), también actuó como interventora accidental la tesorera, de ahí que el alcalde popular podría haber pedido después su anulación teniendo en cuenta que se había producido el mismo procedimiento.
Y es que no había motivos excepcionales ni de urgencia para que la tesorera actuara de forma accidental como interventora en aquel pleno, ya que el titular de esa plaza no estaba de baja ni en comisión de servicios. Sí que estaba ausente del Ayuntamiento puesto que fue informado justo ese día de que tenía que viajar a Valladolid a una reunión en la Junta de Castilla y León cuyo motivo nunca fue justificado.
La ampliación del contrato supuso que el 1 de enero de este año subiera el agua un 79,4 % a todos los vecinos Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que el interventor había presentado reparos a la ampliación del contrato, por lo que consideraba esta modificación contractual nula e ilegal. Pero los informes de la tesorera ejerciendo como interventora sí eran positivos, de ahí que la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, justificaba la decisión precisamente en estos documentos (a la vez que obviaba los del interventor titular).
Por tanto, ni Gancedo, que era la que suscribió la ampliación y por lógica nunca quiso dar marcha atrás, ni Chamorro, cuyo grupo político se opuso a esa modificación e incluso se abstuvo en diciembre del año pasado en la votación de la subida de la tarifa, han hecho nada por evitar que este contrato continúe pese a los indicios de irregularidades que pesan sobre él.
Una de las claves para entender que el PP no quiso nunca tumbar el contrato es que cuando el edil del PAL-UL, Francisco Gómez, llegó a un acuerdo con la empresa adjudicataria para retirar la denuncia que había presentado para esclarecer este asunto, Chamorro también estuvo presente en este pacto. De hecho, durante su mandato nunca se planteó romper el contrato o volver a la situación previa al 2010, ya que se escudaba en la obligatoriedad de tener que devolver los 2 millones de euros que ingresó el Consistorio (que eran para obras pero finalmente se utilizaron para gastos corrientes y, en especial, para el pago de las nóminas), además de otros 2 millones de euros que el Ayuntamiento debía a la adjudicataria (una deuda no justificada oficialmente) y que fueron condonados por la compañía.
Por otra parte, durante los cuatro años no se pagó el déficit que generaba el incremento de la tarifa suscrito con esa ampliación, puesto que Gancedo decidió que lo asumiera el Consistorio, lo que hacía que cada año se debiera un millón de euros más. Una sentencia de 2016 obligó al Ayuntamiento a pagar a Aquona 4,3 millones, que llegaron a 7 millones con todo lo debido, incluidos intereses (reducido considerablemente tras el pago de 5,7 millones gracias al fondo gubernamental para sentencias judiciales).
Todo esto ha derivado en que, tras la denuncia de IU del caso ante la Fiscalía de León, que a su vez vio indicios de delito, la Audiencia Nacional está estudiando si hay una posible conexión de este contrato con la operación Pokemon, por lo que la alcaldesa y otras tres exconcejalas del PSOE han declarado ya en calidad de investigadas.
Mientras, los vecinos seguirán pagando la tarifa del agua, que tras la aprobación de la subida de un 79,4 %, quedó establecida en 1,22 euros el metro cúbico. Antes de todo este embrollo eran 0,68 euros por metro cúbico.
Chamorro: "El lucro cesante podría haber supuesto 30 o 40 millones"
El exalcalde y ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Andrés, Gregorio Chamorro, tiene claro que si no actuó para anular la modificación del contrato del servicio del agua y, por tanto, evitar la subida de la tarifa, es porque el Consistorio se encontraba en una situación económica delicada. «Si hubiéramos hecho algo y se hubiera anulado el contrato, además de devolver los 4 millones de euros a la empresa habría que haberle dado también el lucro cesante, que podría haber supuesto 30 o 40 millones de euros», destaca el edil popular, quien insiste en que la adjudicataria «no tenía la culpa» de la modificación del contrato aprobada el 3 de septiembre de 2010.
También detalla que él participó «como testigo» en el acuerdo entre Francisco Gómez (PAL-UL) y la empresa para que el edil autonomista retirara la denuncia sobre este contrato, precisamente también para evitar que pudiera tener un coste para el Ayuntamiento en el caso de que saliera adelante. Una situación que no se evitó puesto que tras llevar el asunto IU a la Fiscalía, ahora la Audiencia Nacional estudia el asunto y María Eugenia Gancedo consta como investigada en este proceso.
De hecho, según asegura, este asunto se lo explicó a la portavoz de IU, Eloína Terrón, «porque podía tirar para atrás al Ayuntamiento e incluso ser el cierre definitivo». Y es que el Consistorio tenía una deuda de 80 millones de euros cuando se hizo con la Alcaldía de la localidad del alfoz.
Chamorro apunta que «el problema es muy gordo», y que se lo «encontró» a su llegada al Ayuntamiento, tras las elecciones municipales de 2011, puesto que ya entonces la Junta de Castilla y León había denunciado el nombramiento de la tesorera como interventora accidental en las juntas de gobierno.
Otro de los aspectos que Chamorro resalta es que «el pleno no se recurrió», es decir, que nadie denunció la presencia de una interventora accidental en esa sesión como sí hizo la Consejería de Fomento sobre las dos juntas de gobierno posteriores. Eso sí, IU pidió la nulidad de pleno derecho hasta en tres ocasiones al Ayuntamiento, pero en ningún momento se estudió esta posibilidad.