Los sindicatos denuncian la temporalidad del 50% en el Ecyl

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este viernes a las puertas de la ofician del Servicio Público de Empleo (Ecyl) de la Junta de Castilla y León para denunciar “el desmantelamiento de las políticas activas de empleo”. Las centrales explican que el 50% de los efectivos son personal temporal (indefinido no fijo o interino) o en destino provisional, con numerosas vacantes sin cubrir, especialmente en pequeñas oficinas del medio rural, donde la interinidad llega al cien por cien en algunos casos.

Los representantes de los trabajadores critican que esta falta de personal provoca que el servicio “no pueda cumplir adecuadamente con lo encomendado en su ley de creación” y la atención sea defectuosa, como ha explicado la secretaria de la sección sindical de CCOO de la Junta de Castilla y León, Laura Martínez.

Por su parte, el secretario de Fesp-UGT León, Manuel Mayo, ha denunciado que hay 35 vacantes sin cubrir en el servicio. El de UGT se ha mostrado muy crítico con la consejero de Industria, Comercio, Empleo, Mariano Veganzones, por sus polémicas declaraciones en las que afirmaba que “no faltan trabajadores, faltan ganas de trabajar”. Para Mayo, este discurso es “un insulto a la clase trabajadora”. También ha rechazado la retórica del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, al que ha pedido “bajar del mundo paralelo de cavernícolas”. Para el secretario de Fesp-UGT León, las políticas de la Junta puestas en marcha por Vox son “caricaturas de una secta que no hace más que proferir insultos contra la clase trabajadora”. Les ha pedido “reflexionar” y ha reprochado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que haya formado “un gobierno que no se sostiene, con gente que está haciendo salvajadas”.

Los sindicatos también han criticado los recortes de más de 30 millones por parte de la Junta en cuestiones como el fomento del empleo a través de las entidades locales, ayudas a organizaciones de autónomos y de la economía social, orientación profesional y formación o en igualdad de género y conciliación. “No se los hurtan a los sindicatos, sino a la clase trabajadora”, han matizado.

Por todo ello, concluyen, el gobierno autonómico “ha pisoteado” un servicio “fruto del consenso social y político en 2003”.