Martínez respondió a preguntas de los letrados que en el año 2015 pidió la «dimisión irrevocable» del director general de la empresa, Mario Calvo Herce, porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) consideraba «nulo» el despido de los dos ingenierosen el mes de abril de 2013, apenas unos meses antes del siniestro que ocupa el juicio, por haberse negado a que la brigada de salvamento entrara a colocar un metanómetro en una zona que consideraban que era peligrosa. «Habíamos leído la sentencia y nos parecía lógico proceder desde la parte social», remarcó. Poniendo este caso como ejemplo subrayó que si alguien le hubiera expuesto un problema de falta de seguridad «habría hecho lo mismo». «Sin miedo, como lo hice con los ingenieros. Si yo lo sé, actúo», remarcó. Señaló que en ese momento la negociación de un nuevo plan del carbón les «absorbió por completo durante un año y medio» en el que «era rara la semana que no íbamos dos veces a Madrid» y que, aunque la seguridad no era directamente su competencia, insistió en que él era una persona muy accesible. «Estábamos en la época del móvil. Lunes, martes, por la noche... yo respondía sin ningún problema», apuntó. Una afirmación con la que también coincidió Colinas, que dijo que «al final tu teléfono personal se hacía casi un teléfono público. Todo el mundo tenía acceso a ti en el momento en el que quisiera» y aún así, nada llegó a sus oídos sobre ese taller en concreto.
En el juicio se escuchó también al responsable de Seguridad Minera de la federación de Industria a nivel nacional de CCOO en el momento del siniestro, Rufino Ordóñez Álvarez. Él elaboró la introducción y las conclusiones finales de un informe encargado por el mismo sindicato a dos técnicos y que fue aportado al procedimiento pese a tratarse, según confirmó, de un documento «interno» cuyo único objetivo era el de «buscar las causas del accidente para proponer medidas correctoras, nada más. No buscaba culpabilidades ni nada de eso, se intentaban buscar las causas y por eso acudimos a los técnicos», subrayó. Además, defendió sus conclusiones, con las que aseguró estar «de acuerdo» y en las que se habla de que si se hubiera contactado con la planta superior del taller y los postes estuvieran bien recebados las consecuencias del accidente «habrían sido mínimas».
Ordóñez aseguró que pidieron que se creara una comisión de investigaciónque se denegó, por lo que ellos mismos decidieron recabar información para dar forma a un documento elaborado a base del contenido de otros informes y entrevistas con testigos cuyo contenido dijo que hacía suyo, pero cuyo carácter era exclusivamente «interno», aunque haya acabado aportado a este procedimiento judicial porque un abogado le llamó «hace años» para pedirle permiso para incorporarlo.
Más medidas
En la sesión de este miércoles declararon también dos vigilantes que trabajaban para la empresa en el momento de los hechos, Manuel Conejo Lombas y Gerardo Ordóñez Rodríguez, que afirmaron –también aseguraron que así les constaba tanto Colinas como Martínez– que tras un incidente en el año 2009 setomaron más medidas de seguridad, «pero no solo en el macizo 7, sino en todos» los del Pozo Emilio, apuntó Conejo, vigilante de segunda encargado de las preparaciones. Las galerías se hicieron más grandes para desgasificar mejor; se pasó de una sección de 600 milímetros a 800 milímetros en las lonas que hacía que «hubiera mucha ventilación»; en el arrastre de carbón se cambió de chapas a cajas; se pusieron luminarias a la salida de la explotación para cuando paraba la ventilación secundaria y se bajó la altura de la llave, apuntó como algunas de las acciones encaminadas a proteger la seguridad del trabajador. Para Conejo la situación del taller en el que se produjo el accidente era «la normal en el 7, que era como los demás macizos», aunque sí que reconoció que «había zonas que daban gas».Habló también de las labores del rescate el día del siniestro, en las que participó tras haber escuchado el aviso. Cuando él llegó a la zona, dijo, sacaban a uno de los fallecidos y su función fue la de tratar de reanimarlo hasta la llegada del médico. Sobre si esta intervención fue un «caos» o una «barbaridad», como le indicaron que habían declarado otros testigos, respondió que lo desconoce, pero que considera que «el instinto de la gente fue ir a salvar» sin pensar en mucho más y aún a riesgo de poner en peligro su vida. Conejo dijo que nunca visitó el taller del accidente, porque esa no era su labor, pero sí que defendió que la comunicación entre vigilantes existía, principalmente oral, y que en las explotaciones en las que no se había contactado con minados superiores la presencia de un vigilante de segunda era continua, como así lo marcaban las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS). Similares fueron las respuestas de Ordóñez , para el que las normas no se incumplieron y la situación no era «anormal».