Majo: Estamos dispuestos a asumir esas competencias, pero siempre que tengan la financiación adecuada Así lo reconoció este miércoles el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo, que fue preguntado sobre este asunto en el pleno ordinario de noviembre. Fue el diputado de UPL, Matías Llorente, quien quiso saber si León se sumará al bloque liderado por la Diputación de Burgos para exigir a la Junta que se haga cargo de unos cargos que le competen al gobierno regional. «Igual somos los mejores en desarrollar estas competencias porque tenemos la infraestructura, ¿pero vamos a pedir una compensación?», quiso saber Llorente. En el caso de la provincia de León, los servicios sociales que debería prestar la Junta en los cuatro centros asistenciales que gestiona la Diputación suponen un gasto que ronda los 20 millones de euros anuales.
Después del pleno, a preguntas de los periodistas, Majo explicó que han recibido la carta de adhesión de la Diputación de Burgos –también gobernada por el PP– hace 48 horas y anunció que se sumarán a la iniciativa para que la Junta se haga cargo de una financiación que no compete a la institución provincial leonesa. Eso sí, el presidente ya no pedirá que la Junta vuelva a prestar esos servicios, sino que se haga cargo de los gastos que supone. «Seguiremos atendiendo los cuatro centros asistenciales, pero con financiación», reconoció Majo, que señaló que el equipo de gobierno de la Diputación burgalesa ha solicitado una reunión con la consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, Alicia García, aunque por el momento no hay fecha.
«Sé que la financiación va a depender de muchas cosas, pero desde luego vamos a estar en la línea de tener lo que nos corresponda, con la ley en la mano», explicó Majo, que recordó que hace unos tres años el Estado marcó las competencias de cada administración «e indicó que esto le correspondía a la Junta de Castilla y León».
La Diputación modernizará la administración electrónica y transmitirá los plenos en ‘streaming’ «Posteriormente, Junta y Estado sacaron un decreto que daba una moratoria para la resolución de ese problema, y hasta donde yo sé estamos en ese periodo de moratoria», señaló Majo, que asegura que «estamos dispuestos a asumir esas competencias, pero siempre que tengan la financiación adecuada». «Nosotros tenemos los medios y la capacidad para poder asumirlo, siempre que tengamos la financiación adecuada», insistió el presidente.
Otros asuntos
Por otra parte, en la sesión de este miércoles, que se prolongó durante una hora y tres cuartos, también UPL quiso saber qué ha ocurrido con la Fundación Sierra Pambley por el conflicto sobre San Isidro. «Seguimos negociando, no hay nada nuevo», aseguró el portavoz del PP, Francisco Castañón, que respecto a otro conflicto judicial por la ayuda a domicilio aseguró que «estamos cumpliendo sentencia» y que la próxima semana tendrá lugar una nueva reunión de la mesa de contratación que él preside. «Estamos en fase de valoración», dijo.
La Corporación provincial vuelve a reunirse este viernes para celebrar un nuevo pleno, esta vez de carácter extraordinario, en el que debatirán los presupuestos de 2018. Sólo Ciudadanos ha anunciado ya que los apoyará.