En un acto en el que no se permitió el acceso de los profesionales de los medios de comunicación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó este miércoles el cumplimiento de los límites de velocidad como «un elemento clave» para reducir los siniestros viales y sus «dramáticas consecuencias», además de señalar los radares como la principal medida disuasoria.
Durante su visita al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (Estrada), que está ubicado en el polígono industrial de León (también en terrenos de los municipios de Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina), el ministro recordó que la velocidad inadecuada es la causa del 21 por ciento de los siniestros mortales y está detrás de las salidas de vía, que suponen el 42 por ciento de los siniestros con resultado de muerte en las carreteras españolas.
«La política de seguridad vial es un binomio entre educación y vigilancia», subrayó Grande-Marlaska. «Si solo nos centramos en la educación y en la formación no obtendremos los objetivos deseados, pero si solo ejercemos vigilancia y control nos encontraremos con el rechazo de los ciudadanos», manifestó el ministro ante los trabajadores del centro, que se ocupan de la tramitación de los expedientes derivados de infracciones de tráfico.
El titular de Interior ha recordado que en 2025 se cumplen dos décadas de la llegada del primer plan de radares fijos y ha puesto de relieve la reducción en estos años de un 75 por ciento del número de víctimas mortales. «Los radares salvan vidas y en 2025 continuaremos con la instalación de 122 nuevos dispositivos en las carreteras españolas, de los cuales 17 fijos y 7 de tramo entraron en servicio este 21 de enero», añadió.
Durante el recorrido por las instalaciones, el ministro agradeció a los trabajadores su «extraordinaria y eficaz» labor de gestión. «Este centro es un referente internacional y un ejemplo de la incorporación de las nuevas tecnologías», explicó antes de destacar «la mejora de la eficacia y la eficiencia» en la tramitación de las denuncias y la reducción de los plazos y «la mayor fiabilidad y seguridad jurídica que ofrecen en beneficio de los ciudadanos».
En todo caso, la visita llegaba un año después del conflicto laboral que se vivió en el centro Estrada después de que los representantes sindicales denunciasen que siete de cada diez trabajadores cobraban el salario mínimo interprofesional y exigiesen una subida de al menos un 30 por ciento. Las movilizaciones y las jornadas de huelga se sucedieron hasta que finalmente se llegó a un acuerdo para la renovación del convenio para un periodo de cuatro años y con incrementos de salario base entre el 13 y el 21 por ciento (los más elevados para las categorías de menor retribución. Así, las modificaciones pactadas permiten mejorar los salarios y la distribución de las jornadas laborales.
Pese a ello, los trabajadores consideran que aún están lejos de las condiciones acordes a las funciones que desempeñan y que quedan muchos flecos pendientes para llegar a la excelencia que se les requiere a la hora de desarrollar su trabajo.
Grande-Marlaska realizó la visita acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo; y la directora general de Política Interior, Carmen López.