La Audiencia Nacional retomó este jueves el juicio por la pieza separada de la Operación Púnica que está vinculada a la Diputación de León. El proceso sienta a un total de seis personas en el banquillo de los acusados, de las que tres estuvieron vinculadas a la institución provincial: Marcos Martínez Barazón (que era entonces presidente de la Diputación tras el asesinato de Isabel Carrasco), Manuel Jesús López (interventor) y Pedro Vicente Sánchez (coordinador del equipo de gobierno). A ellos Alejandro de Pedro (el conseguidor y cerebro de la trama), José Antonio Alonso Conesa (exalcalde de Cartagena y mediador político afín al PSOE) y Guadalupe Caballero, empleada de la empresa Madiva, que facturó trabajos que en principio estarían encaminados a la mejora de la reputación digital de Martínez Barazón a través de noticias favorables en periódicos zombies. Y supuestamente lo habría hecho a cambio de unas adjudicaciones ajenas a la legalidad, que no habrían llegado a producirse, a través de la gestión de infraestructuras turísticas y hoteleras en San Isidro.
La sesión de este jueves sirvió para la declaración de los tres encausados leoneses (todos solicitaron declarar al final del juicio y De Pedro y Alonso Conesa lo habían hecho ya en la sesión del pasado 26 de enero). El primero de ellos fue Marcos Martínez Barazón, quien a preguntas de su abogada repasó su trayectoria profesional y política. En cuanto al funcionamiento de la Diputación, explicó que los políticos son quienes hacen las propuestas a llevar a cabo y que los funcionarios son «quienes marcan la pauta sobre cómo desarrollarlas en el marco de la legalidad».
En cuanto a su antecesora, Isabel Carrasco, que fue asesinada el 12 de mayo de 2014, Martínez aseguró que era «inteligente y trabajadora», pero también «autoritaria y dictatorial». «Ordenaba y mandaba. La gente le tenía miedo. Los gritos eran habituales en el Palacio de los Guzmanes y fue una etapa complicada y dura», indicó el expresidente de la Diputación antes de admitir que las personas «más cercanas» eran las que sufrían día a día el carácter de Carrasco.
Además, el expresidente aseguró que se sintió como una «correa de transmisión» entre Carrasco y De Pedro, aunque también admitió que le tocó hacer lo mismo en algunas ocasiones con responsables de otros medios de comunicación.
Tras el asesinato de Carrasco, el presunto cabecilla de la trama habría visitado a su sucesor para contarle los servicios que estaba prestando a la Diputación a través de los periódicos digitales en los que colgaban banners y comunicados que remitía el gabinete de prensa. «Me ofreció la posibilidad de aumentar ese servicio y contar con más gente, más digitales y más presupuesto. Creo que eran 20.000 euros más, pero consideré que el servicio estaba cubierto y se mantuvo lo que había firmado Isabel Carrasco», argumentó Martínez Barazón antes de admitir que responsables de otros medios se pusieron en contacto con él a fin de conocer las directrices que se iban a seguir en el reparto de la publicidad institucional.
En este sentido, agregó que llegó a la presidencia en julio de 2014 y que decidió no tocar nada en el reparto efectuado por su antecesora a comienzos de aquel año y a la espera de que se elaborase el presupuesto del ejercicio siguiente.
Martínez insistió en que no se ocupaba del gabinete de prensa y explicó que no se hacía un concurso para el reparto de la publicidad porque «era lo habitual». «No se si bien o mal, pero era lo que se había venido haciendo», admitió antes de explicar que las facturas de todos los medios se trataban de la misma manera y que erra «materialmente imposible» revisar cada una de ellas antes de darles conformidad con su firma, ya que era una tarea queen principio correspondía al responsable de cada servicio.
Además, aseguró que De Pedro nunca le habló de su reputación personal y sí de la de la Diputación, aunque sí que le explicó que lo que él hiciese era siempre importante para la imagen de la institución que encabezaba. Martínez defendió que no necesitaba promoción política, puesto que «tenía el apoyo del 99,9% de mis compañeros en el PP». «Nunca tuve intención de presidir el partido, porque estaba desbordado, pero fue el apoyo de los alcaldes, de los concejales y del comité ejecutivo lo que me hizo dar el paso. Y fue el mayor error de mi vida, porque sufrí trabas y amenazas desde ese momento. Todo se fue demorando y vamos a decir que son casualidades de la vida, pero siete días después de mi detención ya estaba el presidente del PP que quería Valladolid», aseguró entre lágrimas.
En cuanto a San Isidro, recordó que ocho años después sigue siguen sin ponerse en marcha proyectos de externalización o de unión con Fuentes de Invierno. «Estudiamos algunas ideas para revitalizar la estación y mejorar su gestión, porque supone un gran déficit, pero me vinieron con un proyecto que no había pedido y para el que no había ni tiempo ni dinero. ¿Cómo iba a formar yo una sociedad para gestionar eso? Solo podríamos repartir deuda», apuntó antes de defender que nunca ha tocado un céntimo que no haya salido de su sueldo.
Por su parte, Pedro Vicente Sánchez recordó que en 2012 su relación con Carrasco empeoró porque se opuso como alcalde de Puebla de Lillo a recepcionar unas obras de urbanización en San Isidro y al perjuicio que suponía para el municipio el convenio de la línea eléctrica construida hasta la estación. Explicó además que el cargo de coordinador «no tiene capacidad de gestión» y sí de organización de actos, mientras que el hecho de que firmara las facturas de los medios lo achacó a la salida del anterior jefe del gabinete de prensa y a la baja de otra de sus integrantes. Además, aseguró que trató las facturas de Madiva como las de cualquier otro medio, puesto que no tenía conocimiento alguno sobre la empresa ni sobre sus responsables.
Finalmente, Manuel Jesús López aseguró que nunca participó en reuniones que tuvieran que ver con la publicidad y que solo conoció a De Pedro en una reunión con Martínez Barazón para analizar la disposición de crédito para acometer algunas actuaciones en San Isidro. Era octubre y la ejecución del presupuesto estaba muy avanzada», explicó antes de negar que fraccionase contrato alguno.
Terminados los interrogatorios, las fiscales han modificado sus conclusiones y dan por probado que losperitos han conseguido demostrar que el procedimiento de pago de facturas sostenía una malversación, cargo que retira para Guadalupe Carrascosa. Además, aplican la condición de continuado al delito de fraude y añaden el de prevaricación, también continuada. También retiran la acusación de tráfico de influencias y contemplan la reforma del delito de malversación.
Las defensas han pedido tiempo para analizar las nuevas conclusiones de las fiscales y el juicio se reanudará el 16 de febrero a las 10:00 horas.
Martínez, en el juicio de la Púnica: "Carrasco era autoritaria y se le tenía miedo"
El expresidente de la Diputación explica que los funcionarios "son quienes marcan la pauta de cómo se deben gestionar los proyectos"
09/02/2023
Actualizado a
10/02/2023
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