Más de 8.000 multas a la espera

El fin del estado de alarma previsto para el próximo domingo, 21 de junio, afecta de forma esencial a las más de 8.000 propuestas de sanción por quebrarlo en la provincia de León. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde el pasado 14 de marzo, fecha inicial de la situación excepcional, han venido controlando, en base a los poderes otorgados por el Ejecutivo, el cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar la propagación del Covid-19 o coronavirus. Los agentes han remitido las propuestas de sanción que han considerado preceptivas en base a una normativa que ahora queda a interpretación de los jueces, dado que el estado de alarma es una figura que no se había utilizado desde su definición. En los más de cuarenta años de democracia que ha disfrutado España no se había hecho necesario la declaración del estado de alarma por lo que la situación novedosa también plantea interrogantes que tendrán que ser resueltos en las próximas semanas en base a una doctrina que no cuenta con antecedentes. La comunidad autónoma de Galicia, vecina de Castilla y León será el laboratorio de pruebas para la doctrina en los supuestos en los que se ha quebrado el confinamiento y las disposiciones propias del confinamiento.

Según indican diferentes fuentes especializadas en los últimos días, la clave está en la ley 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. En el apartado tercero del artículo primero de la citada norma se establece que «finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firme».

Así, las propuestas realizadas por los agentes quedan a la interpretación de los jueces, que tampoco cuentan con jurisprudencia en la que apoyarse. Las 8.085 propuestas de sanción emitidas en la provincia hasta el domingo pasado se resolverán a criterios que hasta la fecha nunca se habían contemplado en la democracia española. El calendario también juega a favor de los presuntos incumplidores ya que las prescripción del delito se establece en seis meses, plazo de caducidad del expediente remitido –o no– a la Subdelegación del Gobierno, en estecaso de León.

A nivel nacional son más de un millón las propuestas de sanción que quedarán en el limbo ante la falta de indicaciones a las acogerse y la previsible disconformidad de los afectados.

De 601 a 10.400 euros

Cabe recordar que las sanciones iban de los 601 a los 10.4000 en base a la calificada como ‘ley mordaza’ y de acuerdo a las instrucciones del Ministerio del Interior a la Guardia Civil y al resto de autoridades policiales, aunque puede que, al final, es posible que las cantidades apuntadas por el Gobierno tuvieron un carácter más disuasorio que recaudatorio, como no han faltado voces que lo han apuntado.

En cualquier caso, al margen de exceso de celo o incumplimientos flagrantes, el castigo será decisión de la autoridad judicial que tiene que hacer frente a un ingente volumen de sancione. En el margen están las repercusiones para lo más de 300 detenidos en la provincia durante estos mese de estado de alarma con las restricciones en la movilidad, el ámbito en el que se han dejado sentir con más fuerza las limitaciones derivadas de la necesidad de contener la pandemia que ha dejado más de 30.000 muertos en España.