Más de 8.200 multas en el aire tras la sentencia que anula el confinamiento

Más allá de la tormenta política que ha supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma para hacer frente a la primera ola de la pandemia de coronavirus, cabe preguntarse qué ocurrirá con las multas que se impusieron entre el 15 de marzo y el 21 de junio del pasado año. En el caso de la provincia de León, la cifra es de 8.256, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno. De ellas, 5.323 corresponderían a multas propuestas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que las 2.933 restantes se referirían a las cursadas por los diferentes cuerpos de Policía Local que hay en la provincia. Además, se produjeron en el primer estado de alarma 38 detenciones distribuidas a partes iguales entre las fuerzas de seguridad estatales y municipales.

La inmensa mayoría de estas sanciones se refieren a conductas prohibidas durante el confinamiento domiciliario, que es precisamente la parte del decreto del estado de alarma que el Tribunal Constitucional declara ilegal. A priori, aquellos que no la hayan pagado ya no tendrán que hacerlo. Para saber qué ocurrirá con el resto y cómo se acomete su devolución, habrá que esperar a conocer los detalles de la sentencia y ver si es necesario interponer recurso, puesto que por ahora solo se conoce el fallo, que declaro inconstitucional los puntos 1,3 y 5 del artículo 7 del decreto, relativos fundamentalmente a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas.

En el conjunto de la comunidad son 56.299 las sanciones impuestas durante el primer estado de alarma y 302 las detenciones practicadas. En España, las cifras aportadas por la Subdelegación del Gobierno hablan de 1.142.127 multas y 9.173 personas arrestadas.

La sentencia considera las medidas más restrictivas del decreto habrían sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en España, por sobrepasar los presupuestos del de alarma.