Estos, junto a los que viven todavía una situación más crítica, los que están en exclusión, representan más de la mitad de la población, o dicho al revés, sólo el 48% de las familias están plenamente integradas en la sociedad. Y es que, como señalaba este miércoles la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, durante su visita a León, el empleo ya no es garantía de inclusión y la crisis de estos años de atrás ha supuesto un desgaste tan grande que ha mermado la capacidad de apoyo de las familias. «Hay muchas familias en las que, aún con empleo, están en franja de exclusión social, es el fenómeno de los trabajadores pobres, de la precarización laboral», explicaba Peiró durante su comparecencia junto a la directora de Cáritas en León, Beatriz Gallego.
La pobreza se extendió a sus anchas durante los años de la crisis y son más de seis millones de personas en España las que viven al borde de la exclusión, según las cifras facilitadas este miércoles por la secretaria general de Cáritas que han sido extraídas del octavo informe Foessa que se ha realizado con base a una encuesta hecha en 11.500 hogares.
De acuerdo a los datos obtenidos, «por primera vez se constata que la situación comienza a regresar a los niveles anteriores a la crisis», aunque en estos años las familias han tenido que recurrir a vender propiedades y gastar sus ahorros para poder hacer frente a sus necesidades desde 2007, por lo que advirtió que, aunque ya se han alcanzado los niveles de recuperación de integración social, hay muchas familias que están «en el límite».
El 48% de los españoles «ya se encuentra en condiciones de integración plena aunque hay seis millones de personas en el límite para las que cualquier merma en sus condiciones de vida les haría entrar en situación de exclusión», sostuvo antes de afirmar que la mayor preocupación para la sociedad actualmente es el empleo. Por eso es a los programas de formación y empleo a los que Cáritas Diocesana ha dedicado la mayor parte de los 358 millones de euros que se invertían el pasado año. Todo esto ante una merma, aunque ligera, de los usuarios que llegan a la institución benéfica en busca de asistencia básica, de ayudas de urgente necesidad, pero con un incremento en los tiempos que dura la atención, que señaló entre dos y seis años por usuario; «ahora precisan una ayuda más compleja, más profesionalizada».
Peiró matizaba que, aunque ha disminuido el paro, «en muchos casos el empleo conseguido no garantiza que las familias sean completamente autónomas», y añadía que el perfil de personas más vulnerables de la sociedad se divide entre desempleados de entre 45 y 64 años, las familias monoparentales y las familias con menores a su cargo.
Interrogada ante las previsiones económicas que vaticinan una nueva situación de crisis, Peiró señaló que no le consta, pero que una situación similar en el futuro sería difícil de afrontar, dado que como reiteraba, la reciente crisis vivida en España ha acabado con los ahorros de muchas familias, con las propiedades o bienes de otro tipo para salir adelante o ayudar a sus seres queridos.
Políticas de apoyo
Asimismo, lamentó que en España haya pocas políticas de apoyo a las familias llegando a afirmar que «parece que es más un país que en el que un poco se penaliza tener hijos, porque vemos que tener hijos te da más papeletas para estar en una situación de pobreza». «Una futura crisis podría ser más complicada para personas que pudieran necesitar el apoyo de su familia», advirtió. También la precarización del empleo, dijo, haría que muchas personas vieran mermada su capacidad de reacción y resistencia ante una nueva crisis. «Hemos vistos redes de apoyo de familia y otro tipo y muchas muestras de solidaridad, pero esas cosas se olvidan muy pronto y una sociedad desligada o más individualista nos perjudica a todos, porque sigue habiendo personas que necesitan ayuda», remarcó.Preguntada por los efectos de los bonos sociales aplicados por las compañías eléctricas, lamentó que tanto esa ayuda como otras de tipo público no resulten todo lo efectivas que sería necesario, dado que los requisitos que exigen a los beneficiarios o las condiciones de las mismas no se adaptan, en muchos casos, a la realidad de quienes podrían solicitarlas.
Millón y medio de personas atendidas en España, otras tantas fuera de España, 83.900 voluntarios, 4.900 empleados, 358 millones de euros de inversión y proyectos de cooperación internacional en 40 países son algunos de los datos que la secretaria general de Cáritas exponía ayer en León sobre la actividad de la institución benéfica el pasado año.