La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio instalará cámaras de vigilancia en montes y superficie arbolada de Burgos, Palencia, Valladolid y Segovia y las ampliará en las otras cinco donde ya se encuentran implantadas, es decir, en Soria, León, Zamora, Salamanca y Ávila. “Estamos tejiendo de cámaras de vigilancia forestal la Comunidad”, comentó el titular del departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien recordó que hay prevista una inversión de 15 millones de euros para este objetivo, que concluirá en 2026. Actualmente se contabilizan alrededor de 200 equipos distribuidos, y el reto es duplicar el número de cámaras.
Así lo trasladó el consejero en declaraciones a Ical, en el que consideró la repercusión de estas cámaras en los datos de superficie calcinada, con lo que la “sensación de impunidad que pueda tener quien quiera quemar el monte intencionalmente o quien sea descuidado, va dando un cierto temor a que puedan ser captadas por imágenes”, si bien espetó que “no están para grabar a personas, pero si las graban se pondrán a disposición de la investigación policial y judicial”.
Suárez-Quiñones explicó que 2024 ha sido un “año razonable”, junto con 2023, “con daños muy limitados por incendios”. Se refirió, en este punto, a la ausencia de fuegos de sexta generación, “catastróficos, que no han existido en los dos últimos años, pero sí en 2022”. “Habitualmente, el comportamiento de los incendios en los sucesivos años es de dientes de sierra. Es decir, hay un año malo y luego hay uno, dos o tres que se comportan mejor. Y por tanto en la evolución se puede ver ese comportamiento”, manifestó.
No obstante, recordó que ahora no han confluido las mismas circunstancias que en el verano de 2022, “no se dio la tormenta perfecta”, pero “aún así hubo situaciones de riesgo igualmente, como olas de calor, altas temperaturas, humedad… pero no coincidieron de forma desordenada o desbordada los tres factores a la vez”. En aquel año, además, se produjeron tormentas secas, eléctricas y nocturnas, que “multiplicaba los focos y que por lo tanto, sin intervención de los medios aéreos por la noche, hacía que cuando pudieran hacerlo el incendio ya se había extendido”. “La velocidad de propagación eran tales que nuestros técnicos, en 30 años, no habían conocido nunca”, precisó.
De cara a 2025, Suárez-Quiñones mantuvo la cautela, aunque destacó que “ha llovido de forma razonable”, si bien las previsiones meteorológicas “en los últimos tiempos, por el rigor climático, son a corto plazo”.
También destacó que en 2024 se redujeron ligeramente los incendios intencionados motivados por el hombre, algo que achacó a la “concienciación ciudadana en los últimos años”, pues la sociedad “ha visto las imágenes e incluso con personas fallecidas, tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas y en otros países de forma muy importante”. “La ciudadanía está tomando conciencia de que no solo es malo para la naturaleza, sino que pone en peligro las vidas”, dijo.
Otra de las razones está, prosiguió el consejero, en las acciones que se desarrollan en el marco de la III Estrategia de Educación Ambiental, mediante la que se acude a los colegios y al Centro de Defensa contra el Fuego, que ha celebrado dos décadas en su sede en León, y por el que han pasado más de 40.000 personas. Esos jóvenes “se llevan esa conciencia de la importancia que tiene impedir comportamientos que produzcan fuegos forestales”.
Todos esos factores indican que “puede haber un cambio de tendencia”, algo que la Junta “nota especialmente al oeste”, por ejemplo en El Bierzo, donde “tradicionalmente había muchos incendios forestales, muchísimos con causas intencionales, y van unos años, incluido el 2022, tan catastrófico en general, que fue limitado y que los incendios forestales provocados voluntariamente fueron inferiores”. A ello, además, se suma la presencia de las cuadrillas nocturnas, que se pusieron en marcha en León, Zamora y Ávila, y “ahora se están extendiendo”. “Todo ello es una amalgama de circunstancias que van en la buena línea”, sostuvo.
Infocal
Suárez-Quiñones apuntó hacia otro de los puntos de gran importancia normativa en su departamento, como es el Infocal. Aunque el anterior está vigente, existe un compromiso de aprobar uno nuevo, “a lo que se suma la presión de la oposición, que cree que el Infocal apaga incendios”. “Es una estructura de Protección Civil que no apaga incendios, sino que ayuda a que la gestión de esa emergencia sea más adecuada y evite daños. Es lo que hay ahora, pero se ha refundido en uno solo que ahora está analizando el Consejo Consultivo, que es el último trámite antes de su aprobación”, relató.
Por ello, mencionó que su departamento “tiene todos los trámites realizados sobre un tema que es complejo”, porque estuvo en análisis “varios meses” en el Ministerio del Interior, para un informe que es necesario en materia de Protección Civil, que “duró más del tiempo del que habíamos pensado”. Por eso, precisó, el consejero había anunciado la aprobación del nuevo Infocal antes de fin de año, “pero ese trámite lleva más tiempo”. “Lo vamos a tener en enero o febrero de 2025”, vaticinó. A partir de su salida del Consultivo iría a la Comisión de Secretarios durante una semana, para posteriormente aprobarse en Consejo de Gobierno y publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Paz o conflictividad laboral
Por otro lado, y también en materia forestal, el consejero señaló que los acuerdos del Diálogo Social firmados en septiembre de 2022, tras los graves incendios de la Sierra de la Culebra, “se están cumpliendo de una forma óptima”, con un horizonte que se extiende hasta todo el años 2025. En este sentido, no entendió, aunque respetó, las protestas y quejas del sector este pasado año, que en su opinión se debe “a la permanente reivindicación para la mejora laboral, que es consustancial a la acción sindical”. “De eso no cabe ninguna duda. Y por muchos acuerdos a los que se llegue, siempre hay reivindicaciones nuevas. Es su función y gracias a ella, las condiciones de los trabajadores públicos y privados han mejorado en nuestra historia. Y ahí enmarco las reivindicaciones que a veces se producen”, expuso.
Sobre el acuerdo, manifestó que hay puntos que “conforme a las previsiones iniciales se han retrasado”, como el propio Infocal, que “se ha ido más allá de las fechas que se habían manejado, que eran meras previsiones porque sabíamos que intervienen órganos que no son la Junta”.
En cuanto al resto, profundizó, el cumplimiento “no solo es razonable, sino que hay muchas cosas que se han adelantado, porque el plan era para los años 2023, 2024 y 2025, con lo queda todavía todo este ejercicio para ejecutar la totalidad de lo acordado y hay muchas medidas que están cumplidas ya”.
Torretas
Entre las medidas en las que Medio Ambiente ha encontrado más problemas se encuentra la situación de los vigilantes de torres, que es “complejo y que ya en el propio acuerdo del Diálogo Social se señaló que se evaluarían cuáles son las que necesariamente tienen que continuar, porque no pueden ser sustituidas por medios electrónicos de cámaras de vigilancia”. “Hay comunidades autónomas que han sustituido totalmente a ese personal. La Junta no va a hacerlo, pero en algunos casos se combinarán personas con el sistema de cámaras”, precisó. En la actualidad, la Comunidad cuenta con 176 torretas en toda la Comunidad.
“Ahí es donde tenemos el mayor problema, porque el compromiso que hemos tenido es que todo ese personal no trabajase solo unos meses como antes, sino todo el año. Por lo tanto, hay que determinar cuál es el cometido que tienen que hacer”, argumentó, una cuestión para la que “se está buscando un encaje”. “Tenemos que sentarnos con los sindicatos para ir avanzando y depurando estas situaciones”, concluyó.