La Consejería de Movilidad y Transformación Digital apuesta este año por impulsar sus inspecciones sobre transportistas no residentes, que actúan bajo la fórmula fraudulenta de empresas ‘buzón’, ya que no tienen actividad en su país, sino en otro estado miembro, pero contratan a sus trabajadores en origen para ahorrarse costes. Su control será una prioridad este 2024, junto a las que hayan sido pilladas con el tacógrafo de sus vehículos manipulado.
El nuevo Plan de Inspección del Transporte por Carretera de Castilla y León para este ejercicio, consultado por Ical y enmarcado en el diseñado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, centrará sus acciones en aquellas empresas “con mayor tendencia infractora” para garantizar que la Comunidad cuenta con un transporte “eficaz, de calidad y seguro”.
De esta forma, las inspecciones tratarán de intervenir ante conductas que distorsionan el mercado y afectan a la libre competencia, por lo que se reforzarán las medidas de control de lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal en el sector. Entre todas ellas, destacan las acciones referidas a las empresas de transportistas no residentes, ya sea éste de carácter internacional o interior (cabotaje).
Por ello, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha ordenado que durante el año 2024 se lleven a cabo actuaciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De hecho, reconoce que la creación de la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional supone un “paso más”. También contará con la colaboración de los miembros del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León.
Los controles se centrarán en comprobar si las empresas extranjeras poseen la documentación pertinente, se se cumple la normativa relativa a la armonización de determinadas disposiciones en materia social y la relativa a tiempos de conducción y descanso, tacógrafo y limitador de velocidad. Además, se revisará el peso de los vehículos, la licencia comunitaria y a los cargadores.
Otra de las acciones prioritarias serán las empresas que hayan sido pilladas con el tacógrafo manipulado, ya que además se ha detectado que hay conductores que declaran la falsa pérdida o robo de su tarjeta y solicitan su sustitución, por lo que continúan utilizando las dos tarjetas. También se actuará sobre las cooperativas de trabajo asociado, donde además del capital, los socios aportan su actividad, para destapar la existencia de “falsas” entidades. También se verificará la prohibición de carga y descarga y las nuevas infracciones recogidas en la legislación.
Por otra parte, Movilidad considera “conveniente” que se incremente el control a las plataformas de paquetería que, en vehículos diversos, contratan habitualmente transportes o intermedian en su contratación en nombre propio careciendo de la correspondiente autorización como operadores de transporte.
Además, durante el año 2024, se mantendrán las actuaciones de inspección del transporte realizado por los tractores agrícolas (remolacha o cereal) así como controles específicos sobre el sector de la madera, incidiendo en las dimensiones y aseguramiento de la carga que efectúa la Guardia Civil de Tráfico, en cumplimiento de la normativa de seguridad vial.
En cuanto al control de las estaciones de autobuses y terminales de viajeros, el Plan contempla la inspección de las instalaciones tanto por los agentes de transportes como por el personal técnico habilitado de la Administración (arquitectos, ingenieros, etc.), con el fin de “controlar el estado de las mismas” y el “nivel de los servicios que se prestan”. Para ello, se vigilará el cumplimiento de la normativa de transporte, así como de los servicios en cuanto a horarios, información, facturación, consigna, megafonía e higiene.
Más de 30.000 vehículos
Las actuaciones de inspección se efectuaron sobre un total de 30.823 vehículos en 2023, de los que 25.222 eran nacionales -22.421 de mercancías y 2.801 de viajeros- y 5.601 internacionales -5.533 mercancías y 68 de viajeros-. Por provincias, Salamanca fue donde se vigilaron a más vehículos (4.935), seguida de Soria, con 3.911; Valladolid, con 3.595; Zamora, con 3.574; Segovia, con 3.568; Palencia, con 3.314; León, con 3.221; Burgos, con 2.743, y Ávila, con 1.962.
Como consecuencia de todo ello, se formularon 17.113 denuncias y 1.352 inmovilizaciones en Castilla y León. Los tiempos de conducción y descanso motivaron el 77,22 por ciento, en concreto, 13.215 denuncias, y el exceso del peso 1.575, el 9,2 por ciento. Le siguieron la autorización para el transporte con 1.012 (5,91 por ciento) y el tacógrafo -carencia y manipulación- 482, el 2,81 por ciento.
En las carreteras de Castilla y León se controlaron un total de 29.871 vehículos que dieron lugar a un total de 16.962 denuncias, 13.784 del sector nacional y 3.168 del ámbito internacional. Se vigiló el peso en camiones -1.128 vehículos y 269 denuncias- y en furgonetas -595 y 112 infracciones-.
Respecto a los servicios a la demanda, se inspeccionaron 136 zonas, con 571 vehículos y 1.474 pasajeros, lo que dio lugar a cinco denuncias, y en el ámbito del transporte escolar, se controlaron 372 vehículos, con 66 denuncias. Además, sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se hicieron 18 inspecciones y se formularon tres denuncias.
Complementariamente, se han efectuado 43 controles de estaciones de autobuses, “sin detectarse irregularidades”, así como 769 inspecciones a empresas, controlando un total de 952 vehículos y 254 cursos de formación de Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Además, se controlaron a 223 empresas, con 892 vehículos y 919 conductores y se analizaron 31.662 jornadas de trabajo, habiéndose formulado 91 denuncias por incumplir los tiempos de conducción y descanso.