En otras palabras, los leoneses llevan diez años pagando diez veces más por enterrar a sus seres queridos por un ‘impuesto’ establecido de forma irregular por parte del Colegio de Médicos.
Sin noticias en el Colegio
Cabe señalar que contra esta resolución cabe posibilidad de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses que empezarán a contar a partir de que la misma le sea notificada al órgano colegial, algo que este martes todavía no se había producido, pues el presidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig, dijo no tener constancia alguna de tal sanción.
Mientras en el resto de España el consumidor paga 3,63 € por el certificado de defunción de un ser querido, en León se pagan 36,3 € Dice la ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en su artículo 126 que: «El precio de los impresos de los certificados médicos oficiales que edita (en exclusiva) el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en todas sus clases, quedará sujeto, a partir del 1 de enero del año 2003, al pago de unos derechos económicos únicos de 3 euros, que percibirá el citado Consejo General. Los Colegios Oficiales de Médicos, al margen de estos derechos económicos, no podrán percibir o exigir cantidad alguna por tales impresos.»
Sin embargo, en León la cantidad se dispara a 36,3 euros. El impreso cuesta lo mismo, pero va acompañado de un ‘resguardo’ que eleva el precio. El margen de beneficio sirve, según denunciaba Afulesa (Asociación Funeraria Leónesa), para engordar las arcas del Colegio de Médicos de León, órgano colegial que, por este método, se ha estado embolsando cerca de 200.000 euros al año de acuerdo a los casi 6.000 certificados de este tipo que expende de media.
Contraprestación "sin contenido"
El Tribunal para la Defensa de la Competencia da por probado en su resolución que el Colegio leonés, aprovechando su posición de dominio en cuanto a la distribución de los impresos oficiales del certificado de defunción, estableció en su día (año 2007) un convenio de colaboración con las empresas funerarias que operan en la provincia mediante el cual el órgano colegial ofrece «mejorar, facilitar y agilizar» los trámites a cambio de esos 33 euros. De esto derivaría que las empresas que no han aceptado, o se han desvinculado, de este convenio se topen con serias dificultades tanto para conseguir los impresos como para su tramitación, tal y como denunciaban los afectados. Además, aseguran que se trata de una contraprestación «sin contenido real», pues a las empresas funerarias que han suscrito ese convenio (49), solo les corresponde el pago de la denominada contraprestación económica.
Todo esto repercute en el consumidor final que, mientras en otros territorios paga por este concepto 3,63 euros, en León el importe se dispara hasta los 36,3 euros, pues aunque habitualmente es la empresa funeraria la encargada de hacerse con este certificado (más documento del convenio), el coste se traslada a la factura final.