Las juntas vecinales de Castrillos de Cepeda, Cogorderos y Villamejil, así como el propio Ayuntamiento de estas tres poblaciones cepedanas, han manifestado públicamente su «más absoluto rechazo» al proyecto de la empresa Green Capital, tras la publicación en el BOE de 9 de octubre de 2023, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico da por bueno el informe de impacto ambiental del proyecto de Giga polígono industrial, «que ellos vienen denominando parques de Formosa, Colibrí, Atenea y Lirio, y que sería uno de los parques con mayor extensión de España, ocupando unas 800 hectáreas de terreno con casi 762.400 paneles solares instalados». Estas poblaciones advierten, asimismo, de «métodos mafiosos empleados por la empresa para doblegar la voluntad de los legítimos propietarios de los terrenos afectados», pertenecientes a estas tres localidades. Por ello «queremos hacer pública nuestra indignación, que no tanto nuestra sorpresa, por el hecho de que Green Capital siga adelante con un proyecto que desde un inicio cuenta con el rechazo de los propietarios legales de los terrenos», relatan, señalando así que «desde la reunión mantenida en octubre de 2022 con sus representantes quedó bien claro que sus intenciones, cercanas al famoso “Tengo una propuesta que no podrá rechazar…”, no eran respetar en absoluto la voluntad de los propietarios de los terrenos donde ellos necesitaban instalarse. Su actitud, rayana en lo chulesco, nos hizo temer entonces que se llegaría a la ocupación de esos terrenos por las buenas o por las malas».
«Para ellos», apuntan, «son sólo hectáreas de terreno rústico sin ningún valor salvo para que, caiga quien caiga, puedan sacar su rendimiento económico. Y los que van a caer son los arrendatarios legales de esos terrenos, vecinos de los pueblos que los han venido aprovechando desde tiempos inmemoriales como bienes comunales que son, y que los necesitan para sobrevivir en el medio rural y para fijar población, permitiendo el relevo generacional que asegure la supervivencia de nuestros pueblos». Los afectados apostillan que «no sirvió de nada que les argumentáramos que los tres pueblos ya están contribuyendo a la transición energética. En su momento se licitaron y contrataron con otra empresa, Solaria, el arriendo de 200 hectáreas, para la construcción de dos parques solares en nuestros terrenos comunales. Por lo tanto, entre los tres pueblos dedicamos más terreno a la producción de energías renovables que algunas comunidades autónomas».
Por otra parte, se muestran críticos con los partidos políticos, que se pronuncian a favor de combatir la «despoblación..., pero a la hora de posicionarse públicamente en contra de estas barbaridades descubrimos que son eslóganes vacíos». También se sienten «agraviados» por las instituciones competentes, desde la estatal hasta la provincial, pasando por la autonómica.
Con todo ello, transmiten que «tomaremos todas las medidas a nuestro alcance para defender lo que por ley y tradición es nuestro patrimonio. Tanto las entidades locales menores como los arrendatarios de las parcelas nos vamos a oponer a cualquier acción de la compañía encaminada a que esos engendros salgan adelante. No permitiremos ni mediciones, ni catas, ni toma de muestras en nuestros terrenos y presentaremos cuantas alegaciones, recursos, demandas o cualquier otra actuación que consideremos necesaria, en defensa de nuestros derechos».