No abortan más, se embarazan menos

La Ley Orgánica de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sostiene en su preámbulo: «La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.»

Un derecho a decidir reconocido a las mujeres que cada año lo ejercen en León alrededor de 600, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que se refieren al año 2016 (concretamente 606 interrupciones voluntarias del embarazo de leonesas ese año). Ese mismo año, y atendiendo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), nacieron en León 2.869 niños. Esto quiere decir que un 17,4% de los embarazos se interrumpieron por muy diversos motivos y amparados por un derecho.

Hasta julio de 2010, las mujeres sólo podían interrumpir su embarazo en tres supuestos –de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 9/1985–: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapeútico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). De este modo, la mujer no tenía la libertad de decidir si quería o no continuar con su embarazo, no al menos con la ley en la mano, pues lo cierto es que, bajo el supuesto terapéutico, se amparaban un buen número de interrupciones que atendían a la voluntad de la madre por esa dificultad a la hora de determinar qué efectos podría causar un embarazo no deseado a la salud psíquica de la mujer.

Fue en 2010, con el PSOE de Zapatero en el Gobierno central, cuando se promulgó una nueva ley que despenaliza el aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo dejando, durante este tiempo, que sea la mujer la que tome la decisión. En los supuestos de riesgo para la salud de la mujer y el feto se ampliaba el plazo para la interrupción, pero la principal novedad era dejar la decisión en manos de la mujer sin tener que alegar secuelas de ningún tipo.

Durante los años que duró el debate que hoy vuelve a ser noticia se advertía–desde los sectores críticos a la interrupción voluntaria del embarazo– que una ley como la que instauró el gobierno socialista dispararía los abortos, sobre todo en el caso de las menores, pero la realidad es que el número de abortos en la provincia de León ha ido experimentando ligeras bajadas, aunque comparado con el desplome en el número de nacimientos, la proporción sobre el total de embarazos sea mayor.

Según la citada estadística del Ministerio de Sanidad, sólo una de cada diez mujeres que interrumpen de forma voluntaria su embarazo tienen menos de 20 años, y el grupo de edad más numeroso que recurre a esta práctica es el de mujeres de entre 30 y 34 años, representando casi una cuarta parte del total (142 de 606 en 2016 en León). Además, se puede comprobar que la inmensa mayoría de las mujeres que recurren al aborto tienen un nivel de instrucción medio-alto y que en su mayoría no tienen hijos, aunque también hay un porcentaje importante de mujeres con uno o dos hijos que interrumpen su embarazo. La mayor parte de las veces el embarazo no deseado se produjo porque fallaron los métodos barrera (preservativo, DIU...), siendo el segundo motivo más común no haber utilizado ninguno. Y atendiendo a los motivos de la interrupción, destaca de forma notable (en más del 90% de los casos), la decisión de la mujer sin necesidad de más motivos que su voluntad.