Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), notificada el pasado 11 de febrero, vuelve a dar la razón a León en el conflicto abierto con Mieres (Asturias) respecto al puerto de Pinos. En este caso, según se explicó este miércoles en rueda de prensa, el fallo del tribunal es "contundente" y alude "con claridad" a la “necesidad de expropiar” esos pastos y abre también la posibilidad de iniciar “acciones penales”.
El abogado y secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna, Carlos González Antón, advirtió que presentarán una denuncia ante el Fiscal Superior de Castilla y León para que “investigue”, teniendo claro que el Ayuntamiento de Mieres está cometiendo una “ilegalidad” aprovechándose de esos pastos y que administraciones como la Junta de Castilla y León lo siguen permitiendo. “Que se deje a alguien delinquir durante tanto tiempo también es algo que habría que analizar”, subrayó. El TSJCyL habla, explicó, de una situación "absolutamente anómala y persistente" cuya única vía de solución es la "expropiación".
González Antón subrayó también que "nos encontramos ante un ilícito" y habrá que "impartir soluciones". "Estamos ante una administración pública -el Ayuntamiento de Mieres- que lleva años actuando de una forma a sabiendas de la ilicitud, y lo sabe porque los tribunales se han pronunciado reiteradamente en ese sentido. Todas las sentencias son unánimes y está claro que no hay una ignorancia de esta ilegalidad". Por ello, exigirán al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, "que cumplan con las promesas" que hicieron ya en 2006 y se apruebe el "proyecto regional que necesita el cumpimiento de la legalidad", porque "la política debe servir para algo", dijo.
El alcalde pedáneo de Pinos, Leandro Hidalgo, recordó que existe una "nueva valoración" realizada por parte de la Diputación de León sobre lo que pueden costar estos pastos que fija su valor en unos "cinco millones de euros" frente al "algo más de un millón" del año 2007. "La mayoría de ese dinero son los derechos de los pueblos, es en lo que están tasados nuestros derechos", apuntó. Hidalgo insistió en que en esta última sentencia "ya les dice el juez que vayan a la expropiación, que es la única solución" y recordó que se celebrará un pleno para informar y tratar este asunto en exclusiva al que se han convocado a todos los pedáneos afectados.
Por su parte, el alcalde pedáneo de Villargusán, Pedro Álvarez Barriada, explicó que "desde la Junta se está hablando continuamente del problema de la despoblación y casos como este es una buena forma de demostrar que trabajan al respecto". "Se debe promover la expropiación y dar un futuro a los pueblos", exigió, porque los pastos de Pinos se están "aprovechando por parte de los ganaderos de Mieres para su desarrollo" y esto "es un delito" que se remonta a hace "mucho tiempo". Por eso, animó a que se diga: "señores, hasta aquí hemos llegado" y actuar para "dar vida a la comarca de Babia", porque "ya no hay marcha atrás y nuestras administraciones deben tomar cartas en este asunto".
Para González Antón "el mayor atentado al desarrollo de una provincia es permitir que en ella sean otros los que se estén llevando miles de euros". "Eso supone un ilícito penal para quien hace, pero también para quien deja hacer y estas actuaciones tienen que ser judicializadas", dijo. Recordó también que contra esta última sentencia cabe recurso y se mostró convencido de que "van a agotar todas las vías", aunque señaló también que "no albergamos la más mínima duda de que se desestimaría". "Este es un paso más. Es una sentencia importante y estamos muy satisfechos, aunque lamentamos que tenga que ir la justicia por delante de la política", zanjó González Antón.