Obligan a Diputación a pagar en 20 días la indemnización del contrato de ayuda a domicilio

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ha emitido una diligencia de ordenación en la que requiere a la Diputación Provincial de León que proceda al abono de casi cuatro millones de euros correspondientes a la indemnización del contrato de servicio de la ayuda a domicilio formalizado en el año 2013, indemnización que ha sido cifrada por parte del propio juzgado leonés.

Se trata de uno más de los frentes judiciales que tiene abiertos la Diputación Provincial y que no termina de resolver. En concreto, la indemnización hace referencia al contrato de la ayuda a domicilio formalizado por el equipo de gobierno de la fallecida Isabel Carrasco a finales de 2013 que fue declarado nulo tras una denuncia de Carflor, concesionaria hasta ese momento del servicio y que en un principio había resultado adjudicataria del nuevo contrato, aunque el proceso se paralizó de forma irregular antes de completar el procedimiento, tal y como reconoce la sentencia, y finalmente fue adjudicado a una UTE formada por Clece y Seralia, que prestaron el servicio de ayuda a domicilio en la provincia de León desde 2013 hasta febrero de este mismo año, gracias a las prórrogas que fueron aprobadas por el actual equipo de gobierno de la Diputación.

El juzgado declaró nulo ese contrato por las irregularidades que se detectaron durante su tramitación y sentenció a favor de Carflor, empresa leonesa a la que sentenció que se debe indemnizar puesto que consideró que hubiera sido elegida legítimamente la adjudicataria. Más tarde, el juzgado cifró en el beneficio industrial que la empresa hubiera conseguido en el caso de haber podido prestar el servicio la indemnización a pagar por parte de la diputación Provincial. Ahora, basándose en el auto del mencionado Juzgado número 2 de León en el que se establecía la cantidad de la indemnización a la que tiene que hacer frentela Diputación, la diligencia de ordenación del servicio común de ejecución establece un plazo máximo de 20 días para que se proceda al abono a favor de la parte ejecutante por parte de la Diputación Provincial.