Han pasado once años ya de ese 28 de octubre de 2013 en el que la mina acabó con seis vidas en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa (HVL), en Llombera de Gordón. José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure murieron en un accidente en el que otros ocho compañeros –todos ellos mineros experimentados– resultaron heridos de distinta gravedad. Se cumple un año más y lo hace sin respuestas. Sin que se haya dictado una sentencia judicial que permita en cierto modo a las familias cerrar la herida.
El juicio por el accidente ya se había hecho esperar y, además, el primer intento fue fallido. Se había fijado inicialmente para abril de 2021, pero apenas había arrancado la primera de las sesiones cuando se tumbó el procedimiento. La magistrada supo entonces que varios de los acusados estaban cubiertos por un seguro que no habían comunicado previamente y esto obligó a la suspensión y a devolver el caso al juzgado, a la fase de instrucción.
El juicio no se reanudó hasta prácticamente dos años después: el 6 de febrero de 2023. Entonces sí, los 16 acusados –entre los que se encontraban directivos, ingenieros o vigilantes de seguridad de la empresa– se sentaron en el banquillo y durante las siguientes ocho semanas en la sala se escuchó a 80 testigos y peritos que intentaron aportar luz a lo ocurrido durante el accidente. A las puertas del juzgado no faltaron en cada una de las sesiones las familias de los fallecidos y de los heridos. Pedían «justicia y reparación» y se quejaban de la larga espera. Se atribuye a Séneca el dicho de que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía» y este caso parecía un buen ejemplo de ello.
"No tienen perdón de Dios"
«Va para diez años, ya va siendo hora», decían. Apuntaban como causa del accidente a una «grave negligencia» convencidos de que «fallaron las personas, no los medios, porque los tenían todos para haberlo evitado». Reprochaban, además, el comportamiento de la empresa, que había dado la callada por respuesta. No los habían avisado del accidente, pero tampoco los llamaron después. «No tienen perdón de Dios», zanjaba Toñita, la madre de Manuel Moure, antes de que arrancara la primera de las sesiones.
Los directivos fueron los primeros en declarar. Reconocieron que en 2013 la situación económica de la empresa «no era buena», pero aseguraron que eso «nunca repercutió en los recursos que se asignaron a los sistemas de prevención». ¿Se podría haber impedido el siniestro que causó la muerte de seis mineros? El director general, Mario Calvo Herce, defendió que no. «La única forma de haber evitado el accidente habría sido cerrando la mina. No había otra», dijo. «Fue inevitable e imprevisible», insistió. Los acusados, uno a uno, se aferraron a esta idea aportando datos y defendiendo las medidas de seguridad, así como la forma de proceder.
Hubo un fenómeno gasodinámico, una salida de gas «instantánea» e «imprevisible» que el ingeniero jefe del grupo Tabliza, David Toribio, apuntó que no se había dado «en toda la historia de La Vasco» y de la que añadió que aún desconocían la causa exacta. «¿Dónde estaba el metano?», le dijeron entonces los abogados, a lo que contestó que entendía que «en la zona no accesible, en una cámara trasera del taller, pero ni siquiera nosotros lo sabemos».
Mina "altamente grisuosa"
Los heridos aportaron otros puntos de vista. El macizo 7 del pozo Emilio del Valle, en el que se produjo el accidente, estaba valorado como mina de tercera categoría por ser «altamente grisuosa». Los trabajos avanzaban en ella, pero la bóveda no acababa de ceder. «Los niveles de gas siempre estaban tirando a altos» y existía una cierta «preocupación» entre los que trabajaban en la zona, dijeron. Las familias de los fallecidos confirmaron ese temor: «Mi hijo me dijo que allí iba a pasar algo y que iba a ser algo gordo», aseguró el padre de uno de ellos. Más testigos corroboraron durante los días siguientes esa sensación de peligro. «Haz lo que tengas que hacer y lárgate porque esto es una bomba. Había peligro de gas, teníamos miedo», declaró que le habían ordenado uno de ellos. También se habló de castigos y represalias si se producían quejas, de accidentes previos y de que la seguridad no siempre era lo que primaba.
Hubo testimonios que defendieron lo imprevisible del accidente y otros que decían que la mina avisa y que, en este caso, quienes debían haber puesto remedio no la quisieron oír. Se aportó diferente documentación y se pusieron sobre la mesa los informes elaborados tras el siniestro. Se discutió sobre diferentes asuntos y también hablaron quienes entraron días después al taller. «Estaba perfecto. Porque sabía que había habido un accidente, si no…». «La rampa estaba intacta, los postes recebados... igualita a cómo la había visto días antes. No se había movido una pila». ¿Esto daba alguna pista sobre qué había pasado? Contestaron que ese espacio no, pero «lo lógico era mirar en el post-taller y la autoridad minera prohibió entrar. Se lo comentamos al actuario minero que había que hacerlo», porque «sin saber lo que había pasado en él no podíamos decir las causas. No nos veíamos capaces de hacer un informe sin haberlo visto», se afirmó en la sala del juicio. No se hizo. Después, el taller se cerró y se mantuvo así durante el tiempo que la mina permaneció abierta.
El juicio quedó visto para sentencia el 30 de marzo entre lágrimas y abrazos de las familias y el silencio de los acusados, que rechazaron su derecho a hacer uso de la última palabra en él. Así, tras ocho intensas semanas solo quedaba esperar a que la magistrada analizara lo expuesto en la sala durante todo ese tiempo e hiciera público su fallo. Ahora, un año y siete meses después, las familias siguen esperando. Lo hicieron durante casi diez años antes de que se celebrara el juicio y se mantienen igual cuando se cumplen once de la muerte de sus seres queridos. No hay sentencia todavía que les ayude a cerrar la herida que se abrió ese 28 de octubre de 2013. No hay aún respuesta oficial a qué ocurrió en la mina para que seis trabajadores experimentados se desplomaran mientras hacían su trabajo y otros ocho resultaran heridos intentando socorrerlos. Nada va a devolver a los que murieron y así lo dejaron claro las familias con el juicio ya acabado: «La pena nuestra va a estar mientras vivamos». De él solo pedían justicia, lo que nunca imaginaron es que once años después lo seguirían haciendo.