Operación Púnica: de la inocencia a la picaresca del Siglo de Oro

La Audiencia Nacional retomó este jueves el juicio por la pieza de la Operación Púnica vinculada a la Diputación de León. Las defensas de los tres acusados leoneses elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales y pidieron la absolución de Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López.

Mientras, las fiscales expusieron su informe definitivo y argumentaron el endurecimiento de las penas que proponen con respecto a sus informes iniciales. A los acusados leoneses se les imputa un delito continuado de fraude (dos años y medio de prisión), falsificación en documento público de forma continuada (cinco años y medio) y prevaricación (nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo sufragados con dinero público). Mientras, las fiscales retiran la acusación de tráfico de influencias y de malversación (tras reformarlo el Gobierno). En la petición inicial, las penas eran de ocho años para Marcos Martínez Barazón y de siete para Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López. Además, el periodo de inhabilitación era de ocho años.

Las fiscales Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez defendieron que los trabajos para la mejora de la reputación en internet de Isabel Carrasco y Marcos Martínez existieron y que los acusados fueron pillados «in fraganti» mientras concertaban su realización.

Su relato asegura que el modus operandi era el mismo en las 40 instituciones que aparecen en la Operación Púnica. «Hacían un informe inicial sobre la percepción inicial en la red y luego se diseñaban trabajos de reputación personal. Siempre había facturas de publicidad en medios, siempre era alguien del personal eventual el que las validaba y nunca había un responsable directo del contrato. Era una trama propia de la picaresca del Siglo de Oro», alegaron las representantes del ministerio público.

Consideran como hechos probados que, ante las noticias negativas que había en internet sobre Isabel Carrasco, sobre su gestión y actuaciones corruptas como el pago de tratamientos de estética con dinero público o el cobro de kilometrajes correspondientes a viajes que hacía en el coche oficial, la que fuera presidenta de la Diputación entró en contacto con el tándem formado por Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa. «Junto con su vicepresidente, Marcos Martínez, concertó trabajos de reputación que tenían como finalidad casi exclusiva desplazar las noticias negativas en los buscadores de internet y conseguir que tuvieran prioridad las positivas o neutras. Y en aquel concierto estaban también las personas que manejaban la institución para que esos trabajos no los pagase Isabel Carrasco, sino el erario público», argumentaron.

También consideran probada la existencia de un «mecanismo perverso» para la validación de facturas y la autorización de pagos de publicidad a los medios con un presupuesto que algunos años superó el medio millón de euros.

El relato de las fiscales refleja que, fruto de esos trabajos, surgió la confianza entre los empresarios y los responsables de la Diputación y que, una vez que fue asesinada Carrasco, la relación continuó con Marcos Martínez. «Intentaron ampliarla a otros servicios y al mismo tiempo diseñaron una forma de tramitar facturas que daría cobertura a los pagos por la mejora de la reputación. Y decidieron que esa cobertura en ese circuito perverso e irregular se hiciese mediante la inserción de banners en los medios de comunicación», agregaron antes de defender que Marcos Martínez «puso el servicio de Contratación de la Diputación a disposición de la trama» con «sistema paralelo» para tramitar esas facturas.

Además, las fiscales recordaron que el juicio ha servido para conocer los informes de reputación sobre Isabel Carrasco y Marcos Martínez que elaboraban Eico y Madiva. «No hay más trabajos de diseño de campañas o de banners. El único trabajo eran esos informes», agregaron.

La fiscales argumentaron que en el caso de Marcos Martínez el objetivo no era desplazar noticias negativas sino darle a conocer después de que inesperadamente pasase a primer plano tras el asesinato de Isabel Carrasco y en virtud de sus aspiraciones de seguir al frente de la Diputación y de convertirse en presidente del PP. Además, insistieron en que los banners en los medios de Eico y Madiva «eran una tapadera para encubrir el gasto real en propaganda y reputación personal». «En esas facturas no ponen ni qué campañas eran ni qué se tenía que anunciar. Eran facturas planas a través de esa caja B que tenían los presidentes de la Diputación con el dinero del gabinete de prensa. Se compraban espacios en los medios, pero no se delimitaban las campañas y los precios eran a voleo. Pagaban lo que De Pedro les ponía por delante y eso es no mirar por el erario público», agregaron.

Además, detallaron que se trataba de una «mala praxis» con todos los medios de comunicación, que «pasaban por el aro» y aceptaban ese reparto. «Sin embargo, el resto de los medios de comunicación no usaban su publicidad para encubrir otras cosas. En este caso, hablamos de un engaño que cubre otra actividad y por eso la inserción de banners es una engañifa aprovechando que los pagos de menos de 6.000 euros no requieren fiscalización», afirmaron las fiscales antes de hablar claramente de un «fraccionamiento» de contratos que «debería haber visto el interventor».

Mientras, la acusación particular respaldó el «brillante informe» del ministerio público y agregó que nadie comprobaba que se insertasen los banners que se habían contratado. «Solo se adjuntaba la imagen el mismo que proporcionaba la empresa y no había un peritaje sobre el valor de la publicidad», aseguró Gloria de Pascual (Adade) antes de destacar que, pese a ser el organismo que pagaba las facturas, no se han aportado informes sobre la reputación de la Diputación, sobre su presencia en redes o sobre los efectos de la publicidad en el número de visitantes en sus páginas webs. «Las facturas no se corresponden con los trabajos, son falsas. Estamos hablando de servicios de reputación personal que no deberían ser sufragados con dinero público», concluyó.

Por su parte, el abogado de Alejandro de Pedro insistió en que no hay delito en difundir las notas de prensa del la Diputación y que hay sentencias que dejan claro que es «imposible» distinguir entre el cargo y la institución como ocurre en casos como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recordó además que había medios de comunicación que tenían precios más elevados que los de Madiva y que los peritos han corroborado que sí había banners. «Ustedes tienen que probar que no se ponía la publicidad, pero no han hecho un esfuerzo riguroso al probar ninguna de las acusaciones», dijo.

El abogado de José Antonio Alonso Conesa lamentó que las fiscales no hubiesen tenido «menos vehemencia y más evidencias» y hubiesen producido «menos ruido y más nueces», ya que «no ha habido acreditación empírica» de las conductas de las que se acusa a su cliente.

Mientras, la defensa de Marcos Martínez hizo una comparativa con el cuento del traje nuevo del emperador y quiso ser la niña que se atreviese a decir que el expresidente de la Diputación ha ido desnudo estos años por culpa de los «tejedores», que a su juicio son la UCO, el juez Eloy Velasco y la Fiscalía, a quienes acusó de «mezclar cargo y persona a su conveniencia». «Hemos escuchado aquí expresiones como trama criminal, encubrimiento sospechoso, servicios no prestados y adjudicaciones a dedo de contratos que son inexistentes. En este caso hay de todo menos contratos. Y todo con origen en alguien que esta muerto y no ha podido defenderse, pero a quien se le dedican 34 folios en el escrito de acusación definitivo», agregó antes de defender que Martínez no necesitaba «ni asesoramiento político ni promoción para aspirar los cargos».

El juicio se retoma el 23 de febrero con las conclusiones de las defensas de Pedro Vicente Sánchez, Manuel Jesús López y Guadalupe Caballero.