Operación Púnica: Visto para sentencia el juicio de la pieza vinculada a la Diputación de León

La Audiencia Nacional retomaba este jueves el juicio por la pieza de la Operación Púnica vinculada a la Diputación de León, que ya ha quedado visto para sentencia.

La última sesión incluía el informe de conclusiones definitivas de los abogados de dos de los tres acusados leoneses, Pedro Vicente Sánchez, que fue coordinador del equipo de gobierno de la institución provincial, y Manuel Jesús López, que ocupó el cargo de interventor. También intervino el abogado de Guadalupe Caballero, empleada de la empresa Madiva que también se sentaba en el banquillo de los acusados. Las fiscales, la acusación particular y las defensas de los cabecillas de la presunta trama, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, y del que fuera presiente de la diputación, Marcos Martínez, ya habían expuesto sus conclusiones hace justamente una semana.

Cabe recordar que las fiscales defendieron entonces el endurecimiento de las penas que proponen en comparación con sus informes iniciales. Concretamente, a los acusados leoneses se les imputa un delito continuado de fraude (dos años y medio de prisión), falsificación en documento público de forma continuada (cinco años y medio) y prevaricación (nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo sufragados con dinero público).

Todo en el marco de una trama en la que la empresa Madiva –propiedad de Alejandro de Pedro– habría facturado los trabajos encaminados a la mejora de la reputación digital de Martínez Barazón –y antes de Isabel Carrasco– a través de noticias favorables en periódicos zombies que desplazarían a las negativas en los buscadores de internet. Y supuestamente lo habría hecho a cambio de unas adjudicaciones ajenas a la legalidad –que no habrían llegado a producirse– a través de la gestión de infraestructuras turísticas en San Isidro.

Además, los acusados pudieron ejercer durante la sesión de este jueves su derecho a la última palabra, aunque se limitaron a reconocer el trabajo del tribunal o a sumarse a las palabras de sus letrados. «Agradezco a la sala que me haya permitido explicarme y pido perdón si con mi actitud de emoción en algún momento molesté a alguna persona», aseveró Marcos Martínez cuando le llegó el turno de sentarse ante el juez.

Previamente, el primero en intervenir había sido el abogado de Pedro Vicente Sánchez, quien defendió que su mandante no participó en ningún concierto con el resto de los acusados y que el hecho de que firmase algunas de las facturas de publicidad «fue un castigo, no un premio», algo que argumentó con la mala relación que mantenía con Isabel Carrasco a cuenta de su negativa a recibir unas obras mal ejecutadas en la estación de esquí de San Isidro (ubicada en el municipio de Puebla de Lillo, del que el acusado es alcalde) y sus críticas a las cláusulas que encarecían el enganche de los vecinos a la línea eléctrica construida para dar servicio a las instalaciones invernales.

El letrado recordó las diversas cuestiones que se juzgan en un periodo de tres años (2012-2014) y que van desde las facturas de publicidad de la Diputación a la dinamización de la estación de esquí de San Isidro y la gestión de sus cafeterías. «¿Dónde, cómo, cuándo y por qué se concertó mi defendido con los demás acusados para poner en marcha esta trama criminal», se preguntó antes de asegurar que Pedro Vicente Sánchez «no aparece en correos electrónicos o llamadas intervenidas».

Reconoció como hechos objetivos que el que fuera coordinador del equipo de gobierno firmó algunas de las facturas de publicidad con la empresa Madiva y que entregó un listado con los responsables de los medios de comunicación. «Y para las acusaciones esto ya significa que se ha concertado algo, pero sin especificar nada más. Nos han hablado de una factura que nunca se expidió en base a conversaciones extrapoladas y mal interpretadas», agregó el abogado del alcalde de Puebla de Lillo.

Además, argumentó que el hecho de ser «personal de confianza» no significa «que los políticos te vayan a contar los delitos que puedan cometer, sino simplemente que te pueden echar a la calle al día siguiente». «Las acusaciones le recriminan la mala praxis de la Diputación y que él se insertó en el sistema del pago de facturas. Puede ser que fuera imprudente o irreflexivo, pero es imposible imputarle una conducta dolosa», defendió antes de recordar que fueron muchas las personas que supervisaron durante muchos años desde la jefatura del gabinete de prensa los pagos de publicidad con la misma fórmula y que los importes que recibía Madiva eran similares o incluso inferiores a los de otros medios digitales. «Solo se aplicó a una empresa nueva el sistema que ya había y en el que anteriormente no participaba Pedro Vicente Sánchez», concluyó su abogado.

Por su parte, la defensa de Manuel Jesús López se preguntó en qué hechos se sustancia la participación de su cliente en la supuesta falsificación de facturas y recordó que por su servicio pasan 12.000 cada año y que las de Madiva no llegaban a la treintena y en ningún momento incluyeron informes de reputación personal. «Solo hay un correo aportado por la defensa de Alejandro de Pedro en el que se refiere a que el jefe de prensa José Luis Arranz le había manifestado cómo debían ser las facturas, es decir, que tenían que incluir el CIF de la Diputación y cuestiones como la imagen y las medidas de los banners. ¿Es esto un delito? ¿Con qué personas se ha concertado mi cliente? ¿Ha causado algún perjuicio a las arcas de la Diputación?, se preguntó antes de recordar que recordar que López no se ocupaba de los expedientes vinculados a San Isidro desde el año 2012 al solicitarlo después de un juicio que tuvo sobre unos inmuebles de los que es propietario en la estación de esquí y a pesar de que acabó en sobreseimiento. «Tendrían que ser las acusaciones las que mostrasen un expediente que demuestre alguna de sus tesis», explicó el abogado del que fuera interventor antes de recordar que la dinamización de las estaciones era «una mera expectativa» que no se materializó en actos administrativos.