Concretamente, uno de los decretos convalidados este jueves en el Congreso de los Diputados establece la paralización de los desahucios para aquellos casos en los que la persona arrendataria «acredite ante el juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del Covid-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva». El periodo de vigencia de la medida es de seis meses desde la declaración del estado de alarma.
407 casos en 2019
Cabe recordar que los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial refleja que el año pasado se registraron en la provincia de León un total de 543 desahucios, el dato más alto desde que se publica la estadística (2013). De ellos, la inmensa mayoría corresponden al impago del alquiler. Fueron concretamente 407, lo que supone tres de cada cuatro lanzamientos.Mientras, otros 111 desahucios fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias por el impago de las cuotas y 25 correspondieron a otro tipo de causas, siempre según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial.
Es preciso destacar que la evolución del número total de lanzamientos practicados en la provincia de León ha sido la siguiente: 522 en el año 2013, 505 en 2014, 531 en 2015, 539 en 2016, 536 en 2017, 529 en 2018 y los ya citados 543 en el pasado ejercicio.