El Partido Popular autonómico ha presentado en León sus proyectos y propuestas que realizaron durante el Debate de Política General en las Cortes de Castilla y León el pasado 26 de marzo. Los populares, por medio de su portavoz autonómico Ricardo Gavilanes y la procuradora leonesa Beatriz Coelho, han puesto en valor las medidas propuestas por su partido y echado por tierra la actitud del resto de corporaciones políticas.
El portavoz popular ha querido destacar en la rueda de prensa que de las 147 propuestas de resolución en el Debate de Política General se aprobaron 103, de las cuales el 80% fueron gracias al voto a favor del Partido Popular. Además, Gavilanes ha señalado que “de las 30 que presentó el PP se aprobaron 29”, siendo la denegada una en la que se solicitaba una “financiación autonómica justa para todas las Comunidades Autónomas” en lugar de la “bilateralidad” del PSOE “con los independentistas”, “que no beneficia al resto de comunidades”. En cuanto a este respecto, el portavoz achacó tanto al PSOE como a Vox de votar en contra, que es “para lo único que han quedado estos partidos”, según valoró la procuradora leonesa Coelho.
Asimismo, desde el Partido Popular se ha señalado que también presentaron propuestas como la “cofinanciación” de la educación universal y gratuita de cero a tres años. En este sentido, Gavilanes ha sacado pecho argumentando que esto se ha conseguido este año gracias a destinar fondos de la Junta de Castilla y León, aunque ha pedido una “equiparación al 50%” de dicha financiación con el Gobierno estatal. De la misma manera el Partido Popular pidió “reforzar la actividad docente e investigadora” al tiempo que se opuso al establecimiento de aranceles en el sector automovilístico y agroalimentario, motivo por el que reclamaron “medidas urgentes y específicas”.
Los conservadores también presentaron un anteproyecto para una inversión de 10,4 millones de euros en la Ley de Regulación y Coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, mientras que recordaron que se van a invertir 250 millones de euros para desarrollar 1.400 hectáreas de nuevo suelo industrial en León, “que servirá para asentar a esas empresas en la provincia”. Además, también elevaron propuestas como el plan de iluminación en el casco histórico, ayudas ccomo incentivo para el relevo generacional de personas que cojan negocios de quien se vaya a jubilar, bonos de 200 euros por niño para las extraescolares y ayudas de 3.000 euros al año para el mantenimiento de bares y restaurantes en municipios de menos de 300 habitantes.
Siguiendo esta línea de medidas, Gavilanes recordó también la medida que supuso la gratuidad del transporte metropolitano, que desde su puesta en marcha tuvo un coste de 5,2 millones de euros, de los que uno se obtuvo en ingresos por billetaje en 2023, cantidad que ahora ya no se tendrá que abonar, 2,9 fueron financiados por la Junta, 844.000 euros por ayuntamientos y 330.000 por el propio Ministerio. Esta medida, que beneficiará entorno a 1,9 millones de personas, se llevará a cabo durante los próximos meses “para facilitar el acceso a los servicios públicos a los habitantes del mundo rural” por medio de un carné de empadronado que se presentará “en las próximas semanas”. En este contexto, Gavilanes anunció también la puesta en marcha del centro de control de transportes” en León en los seis meses venideros.
Con todo, la procuradora leonesa en las Cortes, Beatriz Coelho, destacó que Castilla y León tiene “la mejor educación de España, es la segunda de todas las comunidades en atención a la dependencia y valoración sanitaria, mientras que ocupa el tercer puesto en la calidad de servicios sociales, todo valorado “por entidades independientes”. “El PSOE fomenta las desigualdades entre territorios y agrava la situación económica de la comunidad”, aseveró Coelho, que lamentó que “el interés de todos los castellanos y leoneses” no fuera “prioridad del Partido Socialista”. “El PSOE de Castilla y León mira para otro lado mientras Sánchez denigra a la comunidad y Vox abandona un gobierno que funcionaba, que era eficaz, para irse a la oposición y apoyar a líderes internacionales que imponen aranceles a nuestros agricultores y ganaderos”, sentenció.
Finalmente, calificó al gobierno de Mañueco como un “proyecto estable y eficiente” que cerró 2024 con un súperavit de 23 millones y generando una “comunidad modelo”.