La Diputación dio este viernes un «paso adelante» para la liquidación de Gersul, que esperan que sea efectiva antes de que acabe el año, de forma que el 1 de enero de 2024 la institución provincial sea ya la titular de la gestión de los residuos sólidos urbanos de la provincia de León. El inicio del expediente que dará paso a la cesión de los activos y pasivos del consorcio a la Diputación –fórmula elegida para realizar este traspaso– se aprobó por unanimidad este viernes en un pleno extraordinario en el que también se acordó crear una «comisión especial de estudio» que deberá redactar en el plazo de un mes una memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la actividad económica que pasará a ejercer la Diputación, así como un proyecto de precios del servicio. Esta comisión estará presidida por Santiago Dorado, diputado y portavoz del PSOE, e integrada por el presidente del consorcio Gersul, Luis Alberto Arias, así como por una decena de personas más.
Dorado recordó que desde la institución llevan «mucho tiempo» trabajando en dar una solución a la gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia y detalló cuáles son los pasos que aún quedan por delante para alcanzar el objetivo final. Tras el visto bueno del pleno de este viernes, «en otro pleno será necesario aprobar inicialmente la memoria de provincialización, así como la ordenanza fiscal, que también deberá ser aprobada en los municipios con más de 5.000 habitantes». El tercer paso será la firma de los convenios interadministrativos con esos ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y, posteriormente, se podrá llevar a Diputación «la aprobación definitiva de la memoria, de la ordenanza, de los convenios que se hayan firmado y la aceptación de esa cesión global de los activos y pasivos». El procedimiento concluirá con la aprobación definitiva por la asamblea general del consorcio de Gersul.
185 toneladas de residuos al año
El fin que persiguen estas gestiones responde a la pregunta de qué se quiere hacer con las 185.000 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan cada año en la provincia de León, un tema que Dorado consideró que tiene «la suficiente trascendencia e importancia» como para que la institución provincial «no pueda quedarse ajena». El consorcio, que nació en 1997 a raíz de una «asociación voluntaria de entidades locales», no tiene «medios técnicos ni humanos» para seguir desarrollando su labor a la altura de los «acontecimientos que se avecinan a muy corto plazo», dijo Dorado. En esa línea recordó que los porcentajes exigidos de reciclaje irán en aumento hasta alcanzar en 2023 el 65 por ciento; que habrá que realizar modificaciones importantes e «inversiones cuantiosas» en estaciones de transferencia y en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) o que la subida de la ecotasa de siete a 30 euros desde el 1 de enero de este año «incentiva» a que «desde toda las administraciones impulsemos el reciclaje, porque cuanto más reciclemos, menos va a ir al vertedero o a la incineradora, en su caso, y menos tendremos que pagar de esa ecotasa».
Tras esa cesión de los activos y pasivos del Consorcio a la Diputación Dorado afirmó que la Diputación asumiría la gestión de residuos sólidos urbanos en los municipios de menos de 5.000 habitantes como una competencia propia, mientras que en los municipios de más de 5.000 deberán firmarse unos convenios administrativos con esos ayuntamientos.
Uniformidad de las tasas
Respecto a la tasa, deberá ser aprobada por la Diputación para los municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras que para los de más vecinos será el respectivo ayuntamiento el que apruebe su propia ordenanza y fije el precio. «Inicialmente en lo que se ha pensado es en establecer un precio por tonelada», subrayó Dorado. Sobre este asunto se pronunció el Partido Popular, que pidió que «no existan diferencias» entre lo que pagan los ciudadanos de un ayuntamiento u otro, a lo que el diputado y portavoz del PSOE respondió que esperan que exista un «consenso» y que el precio sea «uniforme», aunque «cada corporación es soberana para aprobar las ordenanzas que estime conveniente», por lo que garantizarlo es algo que no está en sus manos. Lo que sí que pueden controlar y así lo harán es que cada municipio pague «el mismo precio» por cada tonelada de basura que se trate en el CTR.
Deuda de 2,5 millones
El PP, a través de su portavoz David Fernández, preguntó también sobre la posibilidad de fijar fórmulas que eviten problemas de morosidad, sobre cuál va a ser la deuda que asuma la Diputación y «si lo que se deba se va a poder cobrar» y si se tiene intención e abonar «con la mayor brevedad posible» la deuda que mantiene el consorcio con el Ayuntamiento de San Justo de la Vega, donde está situado el CTR. Sobre las fórmulas que eviten los impagos, Dorado confió en que sea algo que se pueda «solucionar» y recordó que los ayuntamientos de la provincia están en estos momentos «prácticamente al día» en este sentido, aunque están «a tiempo» de buscar esa fórmula y, en lo referente a la situación financiera del consorcio, remarcó que la cifra que se maneja ahora mismo es de 2.599.000 euros negativos, por lo que «los entes que forman parte del consorcio tendrán que pagar ese dinero a la Diputación provincial una vez se lleve a cabo esa cesión global de activos y pasivos», subrayó. Por último, en lo que se refiere al dinero que se debe al Ayuntamiento de San Justo de la Vega, reconoció que no han sido «capaces» de ponerle solución porque existe un «reparo» de la intervención general de esta institución que les impide pagar. «La causa de que no se haya abonado ese dinero no es de falta de consignación presupuestaria o de falta de voluntad», insistió, recordando que les consta, además, que el Ayuntamiento de San Justo de la Vega «ha iniciado un contencioso» al respecto.
Rentabilizar el CTR
Dorado habló también de que rentabilizar el CTR es «uno de los objetivos que se deben plantear de cara al futuro. En los últimos años ha habido problemas administrativos y burocráticos que lo han impedido, afirmó, pero confían en poder llegar a hacerlo. Recordó que cada año se recuperan 3,5 millones de euros de productos que se venden de reciclaje y consideró «se le puede sacar muchísimo partido» al centro de San Román de la Vega.