Díez, que debía declarar por haber sido la responsable política directa del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación (SAM), aseguraba este lunes a media mañana que creía que se había suspendido su declaración «por un error en la convocatoria», aunque no supo precisar si debía volver a los juzgados a prestar declaración sobre los hechos que se le imputan. «Aún no sé fecha», aseguró, «estuve en el juzgado pero al final no tuve que declarar, nos llamarán».
Al preguntarle sobre el motivo de su imputación (se le acusa de falsificación de documento público), contestó: «Ya veremos dónde hay falsedad de documento público, porque yo no tengo conocimiento de ello, ni idea...».
Diputados y exdiputados ya han recibido comunicación de que se han iniciado las diligencias previas por la denuncia por vía penal La imputación de Díez se enmarca dentro de los numerosas controversias del departamento de Personal de la Diputación que han llegado a los tribunales tras una tormentosa etapa del anterior equipo de gobierno en lo que se refiere a la política de Recursos Humanos que llevaba a cabo el equipo de gobierno que presidía Isabel Carrasco y, tras su asesinato, sus sucesores, Marcos Martínez Barazón y –tras la detención de éste– Emilio Orejas.
En este caso concreto, y según consta en la denuncia de los trabajadores, desde la institución provincial se hizo caso omiso a varias sentencias que anulaban el puesto de arquitecto jefe en el Servicio, presuntamente colocado en la plaza ‘a dedo’. Al parecer, se habrían falsificado documentos para impedir el cumplimiento de varias sentencias que anulaban la adjudicación del puesto y mantener a ese funcionario en una plaza que no le correspondía.
Denuncia al PP por vía penal
De los actuales diputados provinciales están denunciados en Fiscalía Orejas, Rodrigo, Francisco García, Del Egido y Valcarce Pero el caso del SAM no es el único que sentará en el banquillo de los acusados a Paz Díez y a varios de sus excompañeros en el anterior equipo de gobierno de la Diputación. También está pendiente otra denuncia por la vía penal que un grupo de funcionarios interpuso contra todo el anterior equipo de gobierno del Palacio de los Guzmanes, excepto Manuela García Robles, ajena a los hechos, ya que sólo formó parte del equipo de los populares tras la muerte de Carrasco. A los demás populares de la etapa ‘pre-Majo’ los llevarán los funcionarios a los juzgados, acusados de cometer los delitos de prevaricación, falsificación de documento oficial, acoso laboral, malversación de fondos públicos, fraude, coacciones y tráfico de influencias.
Además de Díez, en esa denuncia penal ante la Fiscalía figura también quien fuera presidente de la Diputación durante apenas medio año, Marcos Martínez Barazón, encarcelado hace once años durante 43 días e imputado por seis delitos en el marco de la trama de corrupción Púnica. Fuera ya del Partido Popular, sigue gobernando con mayoría absoluta en Cuadros, esta vez bajo las siglas de AIC (Agrupación Independiente de Cuadros).
En la denuncia penal figuran además los exdiputados del PP José Antonio Velasco, Isabel Fresno, Jaime González Arias, Teodoro Martínez, Miguel Ángel Robla y José M. Moro. Y también algunos miembros del equipo de Carrasco que continúan a día de hoy en la Diputación, como Emilio Orejas, Lupicinio Rodrigo, Francisco Javier García, Miguel Ángel del Egido o Raúl Valcarce.
Han recibido hace varias semanas la comunicación oficial de que se han iniciado las diligencias previas, según confirmaron este lunes a este periódico varios de los diputados y exdiputados.