Un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa agravada sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León a nueve personas para las que el fiscal pide una pena de cinco años de cárcel para cada una. Mientras, para otras cuatro interesa el sobreseimiento provisional y para una más que se declare extinguida la responsabilidad penal por estar prescrito el delito que le iba a ser imputado. El juicio arrancará el lunes 13 de noviembre a las 9:30 horas y se desarrollará durante cinco días, estando previsto que concluya el viernes 17. Los acusados, tal y como indica la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, «formaban parte de un entramado» que pretendía «obtener beneficios económicos ilícitos mediante el engaño». Y así, «realizando cada uno de ellos una actividad concreta», se marcaron como objetivo «defraudar a diferentes empresas nacionales dedicadas a la ejecución de obra pública en distintas provincias del territorio» y «se apropiaron mediante el engaño de maquinaria diversa, sabiendo que no iban a pagar el precio acordado» y con la intención inicial de «venderla a otras personas a precios sustancialmente inferiores a su valor real». Parte de la maquinaria fue recuperada, sin embargo, otra se trasladó fuera de España y esto dificultó su localización.
El fiscal expone también que, en ejecución del plan, dos de los acusados Á.C.D. y J.C.A., contactaban telefónicamente con los responsables de las empresas de maquinaria en alquiler y fingían ser los representantes legales de entidades «conocidas en el ámbito de su actividad», con lo que conseguían que se les entregara la maquinaria sin sospechar de fraude alguno y habiendo acordado previamente el precio –que no pretendían pagar– y firmado la documentación utilizando los acusados «un nombre que no era real», «utilizando identidades falsas» y «alterando» los sellos de la empresa que supuestamente alquilaba la maquinaria para realizar un trabajo, además de los de la máquina en cuestión.
Con las máquinas ya en su poder entraban en acción los acusados L.G.C., G.A.G., J.S.T., R.H.R., C.B.G. y A.V.V., que eran los encargados de vender a terceros esta maquinaria utilizando para ello páginas web, correos electrónicos, etc. Confiando en su origen, los compradores las adquirían y, en algún caso, también las transmitían a personas que residían fuera del país. De esta manera, según el fiscal, «las reclamaciones posteriores efectuadas por las empresas contratantes o propietarias cuando conocían el engaño resultaban imposibles, al haber desaparecido en gran parte de los casos». Respecto al último de los nueve acusados, I.A.A., la Fiscalía remarca que era conocedor de la procedencia de la maquinaria y «la adquiría a precio muy bajo con la finalidad de revenderla por un importe sustancialmente más elevado a personas no residentes en nuestro país».
Entre 2013 y 2014
Los hechos que sentarán a los acusados en el banquillo a partir del lunes 13 tuvieron lugar entre 2013 y 2014 y el fiscal detalla en su escrito varios de ellos. En noviembre de 2013 Á.C.D. llamó a una empresa de alquiler de maquinaria y haciéndose pasar por el jefe de obra de otra alquiló una retroexcavadora de ruedas valorada en 40.000 euros, una retroexcavadora mixta valorada en 50.000 euros y un rodillo mixto tasado pericialmente en 38.000 euros. La retroexcavadora mixta fue recuperada. Entre los días 20 y 21 también contactó con otra empresa para alquilar una retroexcavadora valorada en 26.000 euros y un rodillo compactador que pudieron ser recuperados al alertar la empresa a la Guardia Civil del «engaño sufrido». En el mismo lugar que estas se encontraron dos máquinas más: una retroexcavadora mixta y un rodillo de tierra pertenecientes a otra compañía.
En diciembre de ese mismo año, J.C.A. –que ingresó en prisión provisional por esta causa el 22 de enero de 2014 y que ya se encuentra en libertad– se hizo pasar por gerente de una empresa y contactó telefónicamente con otra para alquilar una retroexcavadora y un rodillo con el pretexto de que estaban realizando unas obras en un polígono de una localidad de Burgos. El rodillo se recuperó en una nave utilizada por I.A.A., per no la retroexcavadora. En ese mismo mes consiguieron dos máquinas Manitou.
Para el fiscal los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro, también continuado, de estafa agravada del que considera que son autores «todos los acusados» que cita. Incide también que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal en los acusados y que, por ello, estima que corresponde imponer a cada uno de ellos una pena de cinco años de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además de hacerse cargo, por partes iguales, de las costas derivadas del procedimiento.