Un delito continuado de estafa sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León a dos personas para las que el fiscal solicita una pena de seis años de cárcel y doce meses de multa. El juicio se celebrará este miércoles, 22 de mayo, a las 9:30 horas. En su escrito de calificaciones la Fiscalía señala que los encausados, mayores de edad y con antecedentes penales, eran administradores de una empresa dedicada a reformas y construcciones que anunciaban en diferentes medios digitales en los que aparentaban «una solvencia de la que carecían». Subraya que actuaron «de común acuerdo y con el fin de conseguir un beneficio patrimonial ilícito» y que presupuestaron y llegaron a iniciar obras de reforma contratadas por particulares que abandonaban tras haber sido abonado «gran parte de su importe» y «sin haber tenido desde el comienzo intención alguna de cumplir con lo pactado» y concluir los trabajos. Este fue su «modus operandi» en varias ocasiones.
En concreto, el fiscal remarca que el 21 de junio de 2018 una persona suscribió un contrato con los acusados a través de la empresa para reformar una vivienda y les entregó la cantidad de 11.782,59 euros en mano a través de su comercial en una primera entrega y otros 1.408,25 euros mediante transferencia bancaria. Les aportó 13.190,45 euros de un presupuesto total de 22.454,18 euros. Sin embargo, la Fiscalía expone que una vez iniciadas las obras estas «fueron abandonadas, ascendiendo la parte ejecutada exclusivamente al 12,99 por ciento del total presupuestado, valorado en la cantidad de 2.549,99 euros». También en 2018, el 28 de julio, les encargaron la reforma de una vivienda con un presupuesto inicial de 30.378,32 euros y les entregaron 10.127 mediante transferencia bancaria solo dos días más tarde y, posteriormente, otros 10.000 euros y 2.500 euros más. Las obras se paralizaron sin previo aviso y «la parte mínima ejecutada» lo está «irregularmente», por lo que el perjudicado reclama la devolución del importe total entregado.
El 18 de septiembre recibieron otra petición con un presupuesto inicial de 27.043 euros de los que cobraron 17.848,80: 8.924,40 a través de una transferencia bancaria dos días después y otros 8.924,40 el 11 de octubre. Los trabajos también «fueron abandonadas sin ninguna explicación al poco tiempo de iniciarse» y tras haber invertido en ellos apenas 4.752,45 euros. El 21 de noviembre de 2018 otra persona volvió a confiar en esta empresa y encargó a los acusados la reforma de dos pisos para los que realizó dos transferencias por importe de 14.000 euros cada una de un presupuesto total de 42.342,38 euros. Al igual que en los casos anteriores, una vez iniciadas las obras estas se paralizaron y abandonaron «habiendo sido ejecutada una parte mínima de las mismsa», que ascendió a 2.003,35 euros en una de las viviendas y a 1.181,44 euros en la otra.
El 11 de diciembre de ese año otra persona suscribió un contrato con los acusados para otra reforma con un presupuesto inicial de 19.582,61 euros. Les hicieron llegar 3.231 un día después de la firma y otros 3.231 transcurridos tres días. Además, se realizaron otros dos pagos posteriores de 450 euros y 6.517 euros el día 24 de diciembre y el 9 de enero de 2019. Por lo tanto, la cantidad total abonada fue de 13.429 euros y la Fiscalía expone que «las obras también fueron abandonadas sin explicación alguna, habiéndose ejecutado una parte mínima valorada en 1.370,39 euros». Por último, el 18 de diciembre de ese mismo año les encomendaron una reforma que cerraron en 9.392,57 euros de los que les aportaron 4.695. En este caso se indica que «las obras no se llegaron a iniciar y hasta la fecha no se ha devuelto su importe pese a los requerimientos para ello a los acusados».
Una vez expuestos los hechos, el fiscal considera que los encausados son autores de un delito continuado de estafa, señala que en ellos concurre la «circunstancia agravante de reincidencia», y, por lo tanto, les solicita una pena de seis años de cárcel y doce meses de multa con cuota diaria de diez euros con la responsabilidad subsidiaria prevista en caso de impago o insolvencia.