Un médico de atención primaria de Sacyl que ejercía en el centro de salud de Toral de los Vados será juzgado el lunes 2 de octubre en la Audiencia Provincial de León, a partir de las 9:30 horas, por un delito de abusos sexuales por el que el fiscal pide para él una pena de nueve años de cárcel, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica durante el tiempo que dure la condena de prisión, así como la prohibición de aproximarse o residir a una distancia inferior a 500 metros de la víctima, así como de comunicarse con ella o con sus progenitores por cualquier medio por un periodo de 17 años.
Según explica el fiscal en su escrito de acusación, el 25 de octubre de 2021, hacia las 9 de la mañana, una joven de 18 años acudió a la consulta que tenía fijada con la enfermera matrona en el centro de salud de Villafranca del Bierzo para evaluar un problema de salud, ya que llevaba ocho meses sin el periodo. Le hicieron una prueba de embarazo con resultado negativo y, tras ello, se consideró necesario que acudiera a consulta con un especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Comarcal del Bierzo. Para poder expedir el volante médico se realizó una llamada telefónica al médico de atención primaria de la joven, que estaba de baja temporal y que atendió el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, según señala la Fiscalía, por un delito de amenazas a su pareja por el que fue condenado a cuatro meses de cárcel y 16 meses de prohibición de comunicación y acercamiento a menos de 200 metros de su pareja, condena que cumplió en 2018.
Tras la llamada de teléfono en la que el acusado conoció el caso y que la chica necesitaba un volante de interconsulta para Ginecología, el hombre pidió que se remitiera a la paciente al centro de salud de Toral de los Vados para poder expedirlo “de forma directa”. La joven se dirigió allí con su madre y su abuela y entró sola a la consulta, dado que se trataba de una gestión sencilla y existía todavía un protocolo Covid que limitaba el acceso. Tras una breve entrevista y después de comprobar la historia, el acusado registró el volante de interconsulta en el sistema Medora de Sacyl a las 10:33 horas. Inmediatamente después indicó a la paciente que se tumbara en la camilla del consultorio para su exploración, que efectuó “por la zona ovárica” y tras la que empezó a “hacerle preguntas fuera de lugar”, afirma el fiscal en su escrito, como “si consigue llegar al orgasmo en sus relaciones sexuales”, “si se masturbaba” o “si se depilaba su zona genital”.
Después pidió a la joven que se quitara el pantalón y la ropa interior y usando “guantes de látex impregnados en líquido lubricante” comenzó a masajearle el clítoris mientras le preguntaba si le gustaba lo que le estaba haciendo y si sentía lo mismo cuando llegaba al orgasmo, contestando ella que no. En ese momento el acusado pasó el pestillo de la puerta de la consulta, volvió a lubricar los guantes y en esa ocasión le introdujo los dedos en la vagina. Le pidió incluso que cambiara de posición y le preguntó si creía que podía llegar al orgasmo, a lo que ella volvió a decir que no. Tras su respuesta el acusado paró y le ordenó que se vistiera, imprimió el volante y la joven abandonó la consulta “en estado de shock y visiblemente afectada”.
Ya fuera, le comentó lo ocurrido a su madre, que fue a pedir explicaciones a la enfermera, llamó a la matrona e intentó hablar con el médico, que estaba pasando consulta a otras personas y no la atendió y tampoco pudo hacerlo al día siguiente. Tras hacer varias consultas al personal sanitario sobre lo ocurrido del 27 de octubre de 2021 decidió poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Toral de los Vados y realizar una denuncia formal.
Desde el 29 de octubre de 2021 el doctor tiene una orden de alejamiento dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Ponferrada que le impide aproximarse a menos de 50 metros de la chica, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto.
Para el fiscal lo ocurrido supone un delito de abusos sexuales por el que pide una pena para el acusado de nueve años de cárcel, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica durante el tiempo que dure la condena de prisión y la prohibición de aproximarse o residir a una distancia inferior a 500 metros de la víctima, así como de comunicarse con ella o sus progenitores por cualquier medio durante un periodo de 17 años. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía estima que debe indemnizar con 10.000 euros a la joven por los daños y perjuicios sufridos y que Sacyl responda con concepto de responsable civil subsidiario.