Al respecto, manifiesta que las cinco mancomunidades de interés general existentes en la comunidad autónoma y sus municipios asociados deberán adoptar los acuerdos previstos en sus estatutos dirigidos a dar efectividad sus competencias y funciones. Además, apunta que la Junta de Castilla y León debería completar el desarrollo reglamentario de la ley. En la actualidad, en el modelo de ordenación territorial de Castilla y León, únicamente se encuentran definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano (Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Zamora y Benavente), mientras que la ordenación del ámbito rural se encuentra pendiente de concluir, lo cual "condiciona sustancialmente el grado de eficacia" de la norma.
Igualmente, desde el Consejo de Cuentas señalan que la administración autonómica no ha creado las oficinas integradas en las que de forma común se puedan prestar los servicios de información, registro y, en su caso, tramitación de los procedimientos administrativos, toda vez que las mismas están vinculadas en su ámbito de actuación a los mapas rurales, que se encuentran pendientes de aprobación. Además, desde la entrada en vigor de la ley en la Comunidad, se aprobaron dos leyes de atribución expresa de competencias a las entidades locales: en el ejercicio 2018, la Ley de transporte público de viajeros por carretera y un año después, la de la Actividad Físico-Deportiva.
La primera no ha implicado cambios sustanciales en la atribución de competencias a los municipios, respecto a las que ya se encontraban recogidas en la precedente normativa sectorial. No obstante, Cuentas aprecia un «escaso» grado de eficacia en la implantación en el ámbito rural de los servicios integrados zonales regulados en este texto normativo, debido a la falta de aprobación del mapa de las Ubost. Tampoco se ha adaptado el diseño del mapa concesional del transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León a las previsiones de la Lorsergo.
En cuanto a la Ley de la Actividad Físico-Deportiva, avisa de que la extensión de este tipo de competencias al resto de entidades locales, en particular a las entidades locales menores, puede generar un impacto en su estructura de gastos e ingresos, que recordó no ha sido objeto de valoración en el procedimiento seguido para la aprobación de esta norma. De la misma manera, en la tramitación de ambas leyes, Cuentas indica que no consta que se hayan emitido por las consejerías competentes los informes previstos en la ley de ordenación sobre evaluación de la necesidad y oportunidad de la implantación del servicio o actividad y análisis del impacto económico y presupuestario.
No se encuentra constituida ninguna mancomunidad de interés general rural, al no estar aprobado el mapa de las Ubost rurales, condición necesaria para su declaración e implantación. En cuanto a las mancomunidades de interés general urbanas, se encuentran declaradas desde el año 2020 cinco mancomunidades de esta naturaleza: 'Valladolid y Alfoz'; 'Benavente y alfoz'; 'Medina del Campo y alfoz'; 'Zamora y Alfoz' y 'León y alfoz'.
La situación del alfoz leonés
De las cinco urbanas, cuatro son de nueva creación, mientras que la de 'León y alfoz' ha surgido como consecuencia de la transformación de una mancomunidad ordinaria preexistente, la 'Mancomunidad Municipal para el Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos de León y su Alfoz'. El Consejo de Cuentas advierte, igualmente, de que las medidas adoptadas en este ámbito por la Comunidad no han obtenido "resultados satisfactorios". Explica que en las 14 áreas funcionales estables declaradas, únicamente se han constituido cinco mancomunidades de interés general urbanas, es decir, la tercera parte de las áreas funcionales estables, y de los 302 municipios que forman parte de dichas áreas, menos de la cuarta parte han pasado a integrarse en alguna de las cinco urbanas.
La gran mayoría de los municipios que forman parte de ellas, salvo en tres casos (Chozas de Abajo, Cuadros y Zamora), seguían perteneciendo en 2022 a 26 mancomunidades ordinarias. Aunque esta circunstancia no contraviene la normativa, el Consejo indica que de mantenerse en el tiempo podría entrar en colisión con los principios de "eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Ninguna, avisa, puede ejercer de forma efectiva las competencias y funciones recogidas en sus estatutos al no adoptarse los acuerdos necesarios especificados en la normativa. Recordó que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Mancomunidades de Interés General de 2015 debería haber completado, desarrollado y pormenorizado. Sin embargo, el propio Reglamento difiere, a su vez, la regulación de esta materia, a otro posterior desarrollo reglamentario, que no se ha aprobado.
Además, apuntó que el Consejo no tiene constancia de la aprobación por parte de la Junta de la orden que marque los criterios mediante los que las nuevas mancomunidades calculen el coste efectivo de las competencias y funciones que presten. Además, dejó patente que las diputaciones de Burgos, León y Valladolid no han concedido las ayudas previstas para las existentes en su territorio.