Principio de acuerdo para suspender la huelga de la basura

Principio de acuerdo para suspender la huelga de la basura, que estaba prevista a partir de este lunes. El Consorcio Provincial para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul) aprueba un acuerdo por el que reconoce el desequilibrio económico del contrato a la hora de que la UTE que gestiona el CTR (formada por Urbaser y FCC) pueda asumir los incrementos salariales pendientes con los 170 trabajadores, lo que supondría 1,7 millones de euros.

Con esa decisión sobre la mesa, los representantes del comité de huelga y de la concesionaria han suscrito un principio de acuerdo por el que se suspende la huelga durante un plazo no inferior a un mes ni superior a dos meses. En todo caso, este preacuerdo deberá ser ratificado este domingo por el comité de huelga en su conjunto y este lunes por la asamblea de trabajadores. En todo caso, cabe destacar que este preacuerdo deberá ser ratificado este lunes por la asamblea de trabajadores, según confirmaba en declaraciones a este periódico el presidente del comité de huelga, Fernando Abella.

El CTR cuenta con una plantilla de 170 trabajadores que siguen rigiéndose por las tablas salariales del año 2012, cuando caducaba un convenio que se ha seguido aplicando por ultractividad. Fue en 2019 cuando en una reunión del Serla se llegó a un acuerdo para cerrar el convenio del periodo 2013-2021, pero sigue sin firmarse y hacerse efectivo a día de hoy.

Esto derivó ya el pasado mes de marzo en otra convocatoria de huelga que también se paralizó debido a un acuerdo que tampoco se llegó a materializar. El escollo para conseguirlo se centraba en que la UTE condicionaba la subida salarial a un aumento del canon de explotación del CTR que abona Gersul. Es por eso que los trabajadores se cansaron de esta situación y convocaron una nueva, ya que el consorcio abonó también los más de 23 millones de euros de deuda que mantenía con la UTE y eso tampoco había servido para que se regularizasen sus condiciones laborales.

El caso es que ahora parece que las dos partes empiezan a entenderse, aunque están pendientes de revisión otras cuestiones vinculadas al contrato que van más allá de la masa salarial de los trabajadores. Para solventarlas, el consorcio eleva el pago a 2,3 millones de euros y la UTE reclama 4,4 millones para actualizar el canon de explotación