Una plataforma con dos partes bien diferenciadas, la industrial y la ferroviaria, y dos escenarios bien distintos. La Entidad Estatal de Suelo (Sepes) remitió el pasado miércoles a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León el proyecto de actuación, que incluye el de urbanización y el de reparcelación y expropiación.
A partir de ahora, la autorización de la Junta permitirá la licitación y posterior inicio de las obras, algo que se podría producir en el segundo semestre del 2023 para, en el primer trimestre de 2024, ponerse las parcelas a disposición de los empresarios.
El objetivo es que la parte industrial de la plataforma se ejecute en cuatro fases diferentes en función de la demanda real del suelo. En este sentido, de forma paralela a los trabajos técnicos de urbanización, el director general de Sepes ha confirmado contactos con operadores y grupos de distribución de primer nivel para presentarles la actuación de Torneros. Además, se han llevado a cabo encuentros con organismos públicos y empresas privadas, así como fondos de inversión especializados en logística, para explicarles el impulso de la plataforma con con nuevas iniciativas como la inclusión de Torneros en la Red Básica Transeuropea.
¿Y la parte ferroviaria?
Sin embargo, más dudas sigue habiendo sobre el ambicioso complejo ferroviario que se planificó justo al lado de la zona industrial. En este complejo se ubicaría un nuevo taller ferroviario que unificaría los dos actuales (el de material motor del barrio de La Sal y el de remolcado de la calle Gómez de Salazar). Además, este complejo supondría el traslado de las estaciones de clasificación de mercancías y de contenedores, que están ubicadas ahora en las inmediaciones de Antibióticos.
Y esas dudas se deben a la escasez de detalles sobre estas instalaciones y a que el Gobierno descartó directamente en septiembre el traslado de los talleres de Renfe. A ello se suma la falta de concreción de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, ayer en el Senado, donde se limitó a recordar que el Sepes es el propietario mayoritario del suelo y a anunciar su colaboración, pero sin referirse en ningún momento a las terminales de clasificación y contenedores.