Decenas de madres, padres y profesores de San Andrés del Rabanedo se concentraron este jueves frente al Ayuntamiento para protestar por el estado de los tres colegios públicos del municipio, el Trepalio de Trobajo del Camino, el Teodoro Martínez Gadañón de San Andrés y el Centro de Educación Infantil Antonio Valbuena. Aunque los sindicatos educativos valoraron de forma positiva la partida de 100.000 euros anuales que anunció esta semana el Ayuntamiento para el mantenimiento de los centros, consideraron que llega tarde. "Es una pena que esto no se haya hecho con anterioridad, porque seguramente no tendríamos que estar aquí, pero han dejado morir los centros porque la enseñanza pública no les interesa", señaló la presidenta del comité de empresa de personal laboral de educación, Ruth Sanz.
Como ya reclamaron en sus protestas en León, los docentes pidieron al Ayuntamiento de San Andrés que busque la forma de entenderse con la Junta para que ambas instituciones lleven a cabo los múltiples desperfectos que sufren los colegios, como "goteras, humedades y problemas de techumbres y bajantes", según indicó presidente de la Junta de Personal Docente, Javier Ampudia. "Todo eso que los ciudadanos de a pie hacemos en nuestras casas todos los años, pero los ayuntamientos se tiran lustros sin hacerlo, con lo cual se convierte en un problema endémico al que piden solución a la Junta y así se tiran los trastos a la cabeza", añadió.
La reforma estancada del pabellón César Álvarez
También estuvo presente en la protesta el Ampa del colegio Antonio Valbuena, que pertenece a León pero utiliza para sus clases de gimnasia el César Álvarez, un pabellón propiedad de San Andrés, que lleva cerrado desde principio de curso por el riesgo de derrumbe y tras años de "abandono". Según explicó el presidente del Ampa, Álvaro Tejedor, "están dándonos excusas de que están haciendo un informe, pero llevan medio año", por lo que este padre consideró que "están dejando pasar el tiempo para no tener que hacer nada".
El pabellón César Álvarez también es utilizado por los vecinos del barrio de Pinilla, cuya asociación asistió a la protesta. El edificio necesita una reforma completa, pero aún no se ha llegado a un presupuesto oficial para acometerlo, si bien los sindicatos lo cifran en 400.000 euros. El informe de daños sigue en estudio en los cajones del "concejal de Urbanismo", algo que confirmó la alcaldesa, Ana Caurel, que bajó a hablar con los manifestantes, algo inédito hasta ahora en las protestas educativas realizadas en las últimas semanas ante el Ayuntamiento de León y la Dirección Provincial de Educación. Respecto al posible arreglo del pabellón, señaló que "es mucho dinero", por lo que buscará "financiación de la Unión Europea" o de otras administraciones.
Ana Caurel también mostró su intención de arreglar "por lo menos lo más urgente" pero explicó que para ello la Junta debe "echar una mano" porque la situación económica del Ayuntamiento, que acumula una deuda de 40 millones, "no llega a todos los problemas del municipio". Aun así, la alcaldesa leonesista, que ya lleva un año en el cargo, aseguró que "los colegios y los niños del municipio son una prioridad".