“No podemos permitir que políticas basadas en el odio y la exclusión definan el futuro de Castilla y León. Debemos alzar la voz contra la xenofobia y el racismo y trabajar juntos para construir una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos”. Así lo manifestó la procuradora socialista por León, Nuria Rubio, en el pleno de las Cortes este miércoles, en defensa de eliminar la limitación de la capacidad de los centros de acogida a personas migrantes.
La limitación, recogida en la Orden de 28 de octubre de 2024 emitida por la Junta, establece un máximo de 120 plazas para centros ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes, reduce esta cifra a 60 plazas en localidades más pequeñas y, en palabras de Rubio “obstaculiza proyectos humanitarios y boicotea iniciativas de desarrollo en municipios que luchan contra el envejecimiento y la pérdida de población”.
En esta línea, remarcó que afecta directamente a proyectos vitales para la comunidad como el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Villablino, diseñado para 200 plazas, y el de Soria, con 203 plazas previstas. Ambos proyectos cuentan con una inversión significativa del Gobierno de España, 13 millones de euros para cada uno, destinada a revitalizar zonas afectadas por la despoblación y a ofrecer una segunda oportunidad a quienes huyen de la guerra y la persecución.
Junto a la petición a la Junta de anular la Orden “restrictiva, que también refleja una actitud xenófoba y racista”, Rubio instó al Gobierno de Mañueco a dialogar con los ayuntamientos consensuado las decisiones sobre estos centros, coordinarse con el Gobierno de España y adoptar las medidas necesarias para que CyL cumpla con sus obligaciones en materia de acogida “asegurando que los municipios despoblados aprovechen la oportunidad de revitalización” .
“Es una cuestión que trasciende la política y se adentra en los valores fundamentales de solidaridad, justicia y respeto a los derechos humanos”, subrayó Rubio, que tachó de “lamentable” que la Junta de Castilla y León continúe implementando políticas que promueven el odio y la exclusión tras la ruptura con Vox “Antes podían esconderse de la extrema derecha; ahora, demuestran que su agenda sigue siendo igualmente retrógrada y fascista” señaló
Asimismo acusó al PP de fomentar la división y el rechazo al diferente “con decisiones moralmente cuestionables que también pueden constituir una invasión de competencias estatales” dado que los Centros de Acogida de Protección Internacional son de titularidad pública y forman parte de la Fase 1 del sistema de acogida de protección internacional, por lo que no deberían estar sujetos a normativas autonómicas que limiten su capacidad o funcionamiento.
“La política migratoria y de asilo es una competencia exclusiva del Estado. Así lo recoge la Constitución Española”, enfatizó Rubio para pedir a la Junta “hacer lo correcto”. “Demostremos que Castilla y León es, y siempre será, una tierra acogedora y solidaria”.