Después de conocerse que Sánchez tendría que ir a declarar en la Audiencia Nacional como investigado en la trama Púnica, al considerársele presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de fraude –trámite con el que cumplió el pasado martes–, el PP de León inició el proceso de suspensión y expulsión cautelar del histórico alcalde popular. Pero antes de su resolución fue el propio Pedro Vicente Sánchez el que presentó su baja como militante, lo que no suponía su renuncia a la Alcaldía municipal, aunque en el caso de una moción de censura se habría quedado sin apoyos. Sin embargo, tres de sus compañeros de filas en el Consistorio de Lillo han blindado su continuidad pasándose con él al grupo de no adscritos. En todo caso, según señalaba este jueves el teniente de alcalde del Ayuntamiento y ahora también exmilitante popular, José Ramón Alonso, no habían recibido en estos días llamada alguna del partido para llevar a cabo ninguna moción de censura ni medida similar.
La tarde de este jueves, el presidente del PP en León, Eduardo Fernández, daba por perdida la representación de la formación política en este Ayuntamiento al confirmar que los cuatro concejales del PP se habían pasado al grupo de no adscritos, de hecho adelantó que volverían a presentar candidatura para las próximas elecciones municipales. «No haremos como el PSOE en Pajares de los Oteros que para permitir gobernar a su alcalde imputado no concurrió a las elecciones», aseguró.
Eduardo Fernández comparaba el caso de Sánchez con otros vividos recientemente en el PP leonés como los de Cuadros –con Marcos Martínez, también investigado en la operación Púnica– y Valderas –con Eloy Rubio–.
Sin embargo, a última hora de esa misma tarde, Ruth Quintanilla, concejala por el PP y militante del partido, desmentía haber presentado su baja como afiliada y aseguró que seguirá representando al PP en el Consistorio de Lillo.
Con esta decisión de los exconcejales populares parece caer en saco roto la petición que llegaba ayer mismo desde el PSOE leonés. Su secretario de Organización, Óscar Álvarez, aseguraba que «el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez está haciendo un Rita Barberá» al no considerar suficiente que el regidor se diera de baja del partido sin renunciar a la alcaldía.
En la misma línea se pronunciaba Izquierda Abierta León, que tachó de «insuficiente la separación cautelar de militancia del alcalde de Puebla de Lillo o los movimientos de imagen para separarle del Grupo Municipal en el Ayuntamiento».
De testigo a investigado
Cabe recordar que el juez Velasco, al frente de la investigación judicial de la Púnica, ya había llamado a Pedro Vicente Sánchez a declarar en noviembre de 2014, aunque en aquella ocasión entró como testigo y salió de la misma forma.
Sánchez fue diputado provincial hace una década, en la primera legislatura de Isabel Carrasco como presidenta. Después, fue ésta quien lo nombró jefe de Gabinete de Presidencia, un cargo que también mantuvo tras el asesinato de Carrasco con su sucesor, Marcos Martínez Barazón, quien tras seis meses con el bastón de mando del Palacio de los Guzmanes fue detenido y encarcelado por su presunta vinculación con la trama corrupta. Con seis imputaciones, Barazón aguarda aún la llamada de los tribunales que juzgarán el caso, ya fuera de las filas del PP y en la Alcaldía de Cuadros, con mayoría absoluta bajo las siglas de un partido que él mismo creó (AIC).
Tras las imputaciones de Martínez Barazón y de Jesús López –viceinterventor de la Diputación–, la de Pedro Vicente Sánchez es la tercera de la trama en la provincia.