Los comités de empresa de Renfe y Adif, en representación de todos los colectivos profesionales, han decidido por unanimidad convocar siete días de huelga. Estas movilizaciones responden al rechazo de toda la plantilla ante el "incumplimiento", según han denunciado, por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, de los acuerdos firmados sobre Rodalíes y Renfe Mercancías.
Los paros están convocados para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril:
- 17 de marzo (huelga 24h)
- 19 de marzo paros parciales de 6 a 9, de 14 a 17 y de 21 a 23
- 24 de marzo paros parciales de 6:30 a 9:30, de 14:30 a 17:30 y de 20:30 a 22:30
- 26 de marzo (huelga 24h)
- 28 de marzo paros parciales de 6 a 9, de 13:30 a 16:30 y de 20:30 a 23
- 1 de abril (huelga 24h)
- 3 de abril paros parciales de 6:30 a 9:30, de 14:30 a 17:30 y de 21 a 23
Tal y como recuerdan desde los sindicatos, la huelga de 2023 se desconvocó finalmente porque el ministro se comprometió a que el Grupo Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de
Rodalies y Renfe Mercancías y que se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas.
Sin embargo, los sindicatos consideran que estos compromisos han sido vulnerados tras la última reunión con el Ministerio, celebrada el 17 de febrero, en la que se anunció la exclusión de la línea R1 de la Red de Interés General. Además, se comunicó la creación de una empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif.
"Estas medidas suponen una ruptura total de los acuerdos previos, dado que las soluciones adoptadas por el Ministerio en coordinación con la Generalitat de Cataluña son diametralmente opuestas a lo pactado", añaden.
"Privatización" de Mercancías
En cuanto a Renfe Mercancías, la representación legal de los trabajadores denuncia "un proceso de privatización encubierta" a través de la creación de una nueva sociedad controlada por la compañía logística MSC. "Para facilitar esta transición, se está permitiendo el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a nuevas contrataciones de carga de trabajo, obstaculizar la labor de los comerciales en la captación de clientes y bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión", argumentan.
Los comités de empresa denuncian "que las intenciones de ambas administraciones no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste que recaerá sobre los ciudadanos. Se pretende duplicar el entramado societario con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Esta duplicidad afectará también a las economías de escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones".