Con ella quiere evitar recurrir de modo cíclico a planes de choque como los de sus predecesores: el Plan Perycles de Antonio Sáez Aguado, que dio sus frutos y dejó una demora media de 65 días en 2018, cuando partía de los 107, y el Plan Pole de Verónica Casado que no llegó a ver la luz.
De momento, con los 123 días de demora media a cierre del año 2022, la elaboración de esta estrategia sigue su curso y se van conociendo algunas pinceladas como que se trabaja en la mejora de los procedimientos en la jornada ordinaria y se apuesta por la llamada autoconcertación, las famosas «peonadas» que se eliminaron con la crisis y que ahora regresan con el abono de 332 euros a los médicos por cada jornada extraordinaria de cuatro horas en quirófanos, consultas externas y pruebas diagnósticas.
No obstante, con el Covid-19 dando sus últimos coletazos y con un sistema contra las cuerdas, con carencias en el primer nivel que tienen sus consecuencias en la especializada, Sacyl ha tenido que pisar el acelerador de la mano de la privada, lo que le ha llevado a concertar en 2002 un total de 5.687 operaciones, que implican una factura de 8,7 millones de euros. Por volumen de intervenciones, hay que retrotraerse a 2016 para observar un cifra similar, con 5.757, cuando la lista de espera se cerró con una de las demoras más elevadas de los últimos doce años, 107 días, sólo superada en los años de la pandemia, con 152 en 2020; 144, en 2021 y los 123 del último ejercicio. Si bien, por volumen económico, desde 2015, con una factura de 9,4 millones y 7.844 pacientes, no se lograba una factura tan elevada.
Aquel año supuso un punto de inflexión en una política de derivaciones que llegó a rebasar las 27.500 en 2011, con 19,57 millones de euros, para dejar paso a una caída libre de 5.221 en 2012; 7.292 en 2013 y 2.946 en 2014, con datos casi marginales. A lo largo de los años, sólo se ha logrado un número tan bajo en la explosión de la pandemia, con 2.771 conciertos, y en 2021, con 2.792.
Por lo que respecta a pruebas diagnósticas, al cierre de 2022, Sacyl había encargado a centros privados 27.518 pruebas, que implicaron un desembolso de 2,9 millones para las arcas públicas. En este caso, se trata de una cifra nunca vista en la última década, desde el año 2013, cuando fueron 20.967.
A partir de ese momento, los números más pequeños se registraron en 2019, con 17.374 derivaciones de pruebas y una factura de 1,45 millones, tras una política que redujo la actividad concertada a la mínima expresión, que luego se vio reforzada con el aumento de la jornada laborar de los profesionales. También, se observaron en el año del coronavirus, con 15.543 y un gasto de 1,79 millones. En 2021 subieron, con 19.985, al listón de 2018 (19.520), para dispararse hasta las más de 27.500 en el pasado ejercicio.
Datos por provincias
En el análisis del año 2022 y por intervenciones quirúrgicas, se observa que las provincias con mayores conciertos fueron León (1.509), Salamanca (1.015) y Valladolid (1.261), con dos de cada tres, e inversiones de 2,46 millones, en el primer caso, y de 1,19 y dos millones, en los últimos. Por el contrario, Zamora fue la que menos derivó, 37 operaciones, con 197.040 euros, junto a Segovia, con 92 y 172.411.
Por su parte, Ávila llegó a las 508, con una factura de un millón de euros, y Burgos, a las 619, con 991.093. Mientras, Soria se limitó a 279, con 472.450 euros, y Palencia, a 367, con una partida de 196.726.
Finalmente, en cuanto a pruebas diagnósticas, las provincias donde Sacyl tuvo que recurrir en mayor medida a la privada fueron en Valladolid (7.228), Burgos (6.754) y Valladolid, con presupuestos de 555.979, 729.733 y 820.116 euros, en cada caso.
León sumó 3.291, y una inversión de 322.044 euros; Segovia, 2.023 y 79.356 euros; que en el caso de Segovia llegaron a 2.032, con 79.356 euros; en el de Zamora, 1.882 y 222.497 euros; y en el de Palencia, a 1.489 y 163.765 euros. La que menos registró fue Soria, 46, que supusieron una factura de 6.429 para las arcas de Sacyl.