San Andrés exige actuar en el Arroyo del Valle y la carretera de Caboalles

El pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo dio este jueves luz verde a la moción presentada por UPL para exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que actúe de forma inmediata para asegurar el cuidado del Arroyo del Valle y el Canal del Carbosillo, dos zonas que resultaron muy degradadas tras las inundaciones del mes de diciembre y por las que ambas administraciones se han intercambiado varias cartas reclamatorias. Pero también se aprobó otra iniciativa, en este caso del PP, para que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se haga cargo de la construcción de los acerados de la carretera de Caboalles.

En primer lugar, la moción defendida por el portavoz de UPL, Julio González Rivo, recibió el respaldo del Partido Socialista (PSOE), Ciudadanos, Vox, Izquierda Unida (IU) y Podemos, que votaron a favor, mientras que el PP se abstuvo. El documento se basa en los importantes daños ocasionados por el temporal de las últimas semanas, así como «en las trabas impuestas desde la Confederación para normalizar la situación», lo que llevó a la formación leonesista a defender «la unión de la corporación para solucionar el problema» después de que el organismo no haya llevado a cabo ninguna acción preventiva para mantener libre de árboles, vegetación y maleza el cauce de arroyo «con el peligro que ello conlleva», tal y como recordó el edil leonesista durante la exposición de motivos. En la misma línea se pronunció el concejal de Medio Ambiente, Manuel Ángel García Aller, quien recordó que ante la falta de actuaciones de la Confederación, el Ayuntamiento solicitó autorización para proceder a la limpieza de la zona sin que, por el momento, se haya obtenido respuesta. Así, y teniendo en cuenta que la crecida y el desbordamiento del agua en el Arroyo Valle ha provocado graves problemas en la senda peatonal y en el Canal del Carbosillo, se acordó exigir a la Confederación «que ejerza su competencia y limpie de árboles el cauce del arroyo en la zona no urbana en el plazo más breve posible», pedir la dimisión de la presidenta, Cristina Danés, «por su manifiesta incompetencia para dirigir con eficacia», y trasladar el acuerdo plenario al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Por otra parte, también se aprobó la moción del PP para instar a la Junta a que ejecute los acerados de la carretera Caboalles, entre la rotonda del Hospital San Juan de Dios y la de acceso a Villabalter. «El Partido Popular no tiene ningún problema en pedir a la Junta aquellas cuestiones que sean competencia de esta administración, pero no vamos a unirnos a propuestas que lo único que pretenden es desvirtuar el trabajo que hacen las consejerías en beneficio de los ciudadanos de San Andrés», argumentó la portavoz del PP, Noelia Álvarez, que anunció que trasladará al consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta petición para «acortar plazos».

Además, la corporación aprobó por unanimidad homenajear al que fuera presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Pinilla, Ángel Arizmendi ‘Gelo’, fallecido de forma repentina el pasado mes de octubre, poniéndole su nombre al parque Burbia, ubicado en el entorno del centro de salud.

Otra de las cuestiones que salieron adelante fue la moción socialista por la que se instó a la Junta a desarrollar la reforma de la ley reguladora del Juego y Apuestas de Castilla y León para establecer una serie de medidas preventivas, que obliga al Ayuntamiento a redactar propuestas de modificación puntual del PGOU para diferenciar el uso de suelo a que se destinan estos establecimientos y establecer distancias mínimas entre estos locales. Además, se aprobaron las mociones de Vox para lograrun municipio más participativo y para el impulso de campañas de concienciación sobre la tenencia de animales de compañía;la presentada por IU en defensa del comercio local y para el fomento de medidas ecológicamente potenciadoras del consumo de cercanía; y las de Podemos para instar al Gobierno y a la Junta a tomar medidas para regular por ley el mercado de alquiler y otra de control de pirotecnia.