San Andrés pide a Hacienda 7,33 millones para sentencias

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo aprobó este miércoles solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la adhesión al Fondo de Ordenación con el que el Consistorio pretende recibir 7,33 millones de euros para pagar sentencias firmes a empresas y trabajadores relacionados con la actividad municipal. Esta decisión fue tomada con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE y PAL-UL) en el pleno extraordinario celebrado ayer, donde los cuatro ediles de IUvotaron en contra y el resto se abstuvo (PP, Ciudadanos y UPL).

La solicitud de este fondo también supone la modificación del plan de ajuste para poder hacer frente a las cuantías que a partir de los dos años de su concesión tendrán que abonarse desde el Ayuntamiento. Y es que este crédito, que tiene que ser aprobado por el departamento de Cristóbal Montoro, funciona como los dos del ICO concedidos anteriormente al Consistorio de San Andrés. Eso sí, con un interés del 1,37% y, lo que más cambia respecto a los dos primeros, es que se debe abonar en diez años como máximo, con dos de carencia.

La premura con la que se ha propuesto la adhesión al fondo, cuya convocatoria fue el día 29 de noviembre y el plazo máximo para su presentación terminaba ayer, fue criticada por los grupos de la oposición, aunque en esta ocasión las miradas iban hacia Hacienda y no hacia el equipo de gobierno. Por eso, tanto PP como Ciudadanos y UPL se abstuvieron y reconocieron la necesidad de pedir este crédito, aunque también solicitaron que se tomen "medidas para que no se repita, o se repita lo menos posible", como explicó el portavoz del PP, Gregorio Chamorro. "Esto es por la mala gestión de PP y PSOE", afirmó el edil de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, refiriéndose así a que las sentencias perdidas por el Ayuntamiento se debían a problemas surgidos durante sus mandatos. De hecho, la concejala de IU, Eloína Terrón, apuntó que en la mayoría de los procesos judiciales "no había abogado por parte del Ayuntamiento". "No vamos a obstaculizar el pago de las sentencias a través de este mecanismo, lo que hace que el interés sea menor que el judicial", añadió Rosa Fernández, de UPL.

Estos 7,3 millones de euros irán destinados a pagar cerca de 90 sentencias firmes, entre las que destacan 30 de Urbaser y 17 de la antigua concesionaria de las piscinas, Gexin, que se corresponden con los trabajadores que estaban contratados y que denunciaron por la intervención del servicio. La mayoría de la cuantía, más de 4,3 millones, serán destinados a pagar a Aquona.

El concejal de Hacienda, Santiago Blanco, explicó que esta propuesta es "más que necesaria, obligatoria", puesto que el Ayuntamiento no tiene fondos propios para poder hacer frente a las sentencias, algo que también afirma en su informe la interventora. También recordó que el impago de todas estas decisiones judiciales ya firmes y en grado de ejecución tienen «un interés del 8% anual», de ahí que sea siempre "más beneficioso" pagar el crédito que seguir sin abonar las sentencias. La alcaldesa, María Eugenia Gancedo, alertó además que desde el gabinete de Montoro se les ha advertido de que no cumplen la ley de Estabilidad y el plan de ajuste, que es "la hoja de ruta" del equipo de gobierno. Por eso justificó este tipo de actuaciones, así como la creación de la RPT. "Estamos tomando medidas", agregó el edil del PAL, Francisco Gómez, que retó a IU a proponer "una alternativa" para poder tener servicios sociales que no tengan pérdidas, como exige la ley.

Y es que Terrón criticó duramente la adhesión al fondo. Apuntó por un lado que quería que se pagaran las sentencias, pero adelantó que el plan de ajuste asociado supondrá "la subida de tasas, la reducción de personal y empujar hacia la privatización de servicios".