San Andrés se niega a abonar las costas judiciales a Chamorro

La junta de gobierno local del pasado 5 de junio sirvió para que se hiciera pública la desestimación por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo de la petición de tres concejales del PP, Gregorio Chamorro, Noelia Álvarez y Pedro García, de que el Consistorio abonara los costes judiciales de tres denuncias interpuestas contra estos ediles durante el periodo de tiempo en el que estaban en el equipo de gobierno, con el propio Chamorro como alcalde de la localidad del alfoz.

En los tres casos se establece que no procede el abono de los gastos judiciales "por no estar incluido el personal electo municipal en el ámbito de aplicación del artículo 14f del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre", en el que se establece como derecho para los "empleados públicos" la "defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos". Y es que tal y como se asegura en los informes técnicos, esta normativa "no comprende el personal electo municipal".

Se trata de tres denuncias de diferente índole presentadas en todos los casos por el concejal del PAL-UL, Francisco Gómez, y que en dos de los tres procesos están archivados. El primero de ellos afectaba al ahora portavoz popular y entonces alcalde, al que se acusaba de haber cometido dos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras de ampliación de la escuela infantil Hermana Carmen Gómez del municipio a la empresa en la que trabajaba su cuñado. Un asunto que finalmente fue archivado.

El siguiente caso es el de la adjudicación de la feria multisectorial, en el que el PAL acusaba a Chamorro y Álvarez de falsedad en documento público, cohecho y prevaricación pública al adjudicar los contratos para su celebración. Un asunto que aún está en la Audiencia Provincial después de que Gómez recurriera su archivo.

Por último, el Ayuntamiento tampoco tendrá que abonar el coste judicial a Pedro García tras la denuncia del PAL por la compra de material deportivo para el propio Consistorio en la tienda en la que trabaja el hijo del edil popular.